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El caso se refiere a los presuntos malos tratos infligidos al demandante por agentes del orden húngaros. El presunto incidente tuvo lugar en agosto de 2016 mientras era escoltado de vuelta al lado exterior de la valla fronteriza húngara con Serbia, tras su detención por haber entrado ilegalmente en territorio húngaro. El demandante se quejó de malos tratos y de la insuficiencia de la investigación penal subsiguiente, en violación del artículo 3 del Convenio.

La demanda se refiere a las quejas del demandante relativas al retraso en la devolución por las autoridades armenias del cuerpo de su hijo. Se alegaba que ello equivalía a un trato inhumano con arreglo al artículo 3 del Convenio en relación con el demandante y los miembros de su familia, cuyos derechos al respeto de su vida privada y familiar también habían sido violados por el mismo motivo; también les había impedido enterrar el cuerpo de acuerdo con su tradición religiosa, en violación del artículo 8 del Convenio. Las reclamaciones en las que se alegaba que no se disponía de recursos efectivos contra las infracciones mencionadas y que las razones subyacentes de la negativa a devolver el cuerpo eran discriminatorias se plantearon en virtud del artículo 13 y del artículo 14 del Convenio, respectivamente.

El asunto se refiere a la falta de compensación por la interferencia desproporcionada de las autoridades fiscales en el negocio del demandante.

El asunto se refiere a la alegación del demandante de que fue sancionado dos veces, en primer lugar con una multa y posteriormente con una condena penal, por el mismo hecho, en violación de su derecho a no ser juzgado y sancionado dos veces por el mismo delito con arreglo al artículo 4 del Protocolo nº 7 del Convenio.

El 4 de abril de 2017, mientras el demandante se encontraba en prisión y en una celda de observación, dos guardias penitenciarios le rociaron con gas pimienta. Las circunstancias exactas fueron objeto de controversia. El demandante se quejó en virtud de los aspectos sustantivos y procesales del artículo 3 del Convenio.

La demanda se refiere esencialmente a la imposibilidad de los demandantes de acceder a un tribunal para impugnar una decisión administrativa por la que no se exige la realización de una evaluación de impacto ambiental (EIA) respecto de una planta geotérmica en las proximidades del olivar del primer demandante y de las restantes residencias de los demandantes. Los demandantes denuncian una violación de los artículos 6 y 8 del Convenio.

The case concerns the applicant’s conviction for membership of an armed terrorist organisation described by the Turkish authorities as the “Fetullahist Terror Organisation/Parallel State Structure” (Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması, hereinafter referred to as “the FETÖ/PDY”), considered by the authorities to be behind the coup attempt that took place in Türkiye on 15 July 2016. The conviction was based decisively on the applicant’s use of an encrypted messaging application by the name of “ByLock”, which the domestic courts held was designed for the exclusive use of the members of the FETÖ/PDY. Other evidence used against the applicant included his use of an account at Bank Asya, and his membership of a trade union and an association that were considered to be affiliated with the FETÖ/PDY. The applicant complained that his trial and conviction entailed a violation of Articles 6, 7, 8 and 11 of the Convention.

El asunto se refiere a la confiscación por el Estado de bienes supuestamente «adquiridos ilegalmente», y plantea en particular cuestiones en virtud del artículo 1 del Protocolo nº 1 del Convenio.

El asunto se refiere a las modificaciones legislativas de 2018 («las modificaciones de 2018» o «la reforma de 2018») por las que se aumentó en las escuelas públicas la proporción de asignaturas que deben impartirse en la lengua del Estado, es decir, el letón, y se redujo en consecuencia el uso del ruso como lengua de enseñanza. Los demandantes invocaron el artículo 2 del Protocolo n.º 1 del Convenio, considerado aisladamente y en relación con el artículo 14 del Convenio.

El presente asunto se refiere al fallecimiento del familiar de los demandantes, C.C., por sobredosis de drogas mientras se encontraba bajo custodia policial.