Investigación e Innovación

El caso se refiere a una supuesta discriminación contra los demandantes como miembros de la comunidad LGBTI a causa de declaraciones públicas negativas de un gobernador regional y de un miembro de una legislatura regional.

El asunto se refiere a la revocación de un permiso de residencia y la imposición de una prohibición de entrada a una persona que había sufrido un trastorno mental que había reducido su culpabilidad penal en el momento en que cometió un delito grave. El demandante alega que sus circunstancias personales no se han tenido suficientemente en cuenta a la hora de ponderar los intereses en juego.

La demanda se refiere a un artículo publicado el 17 de febrero de 2015 por un portal de noticias en Internet, Dnevno.hr, en el que se sugería que el demandante (antiguo Presidente de Croacia) había participado, durante su mandato, en actividades delictivas en relación con la adquisición de vehículos blindados para el ejército croata a la empresa finlandesa Patria. El demandante se quejaba de que, al desestimar su demanda civil de indemnización, los tribunales nacionales no habían protegido su reputación en violación de su derecho al respeto de su vida privada garantizado por el artículo 8 del Convenio.

La demanda se refiere a un procedimiento civil por difamación incoado contra el demandante en relación con sus críticas a las actividades económicas supuestamente corruptas de un empresario local, que el demandante consideraba que habían contribuido a la caída de la industria automovilística local. La demanda fue notificada al Gobierno en virtud del artículo 10 del Convenio.

El asunto se refiere a la imposibilidad de los demandantes de obtener una indemnización por el daño moral derivado del fallecimiento de un pariente cercano suyo, que murió en un accidente de tráfico causado por un enfermo mental.

Las solicitudes se refieren a la falta de oportunidades de los demandantes (veintiuna parejas del mismo sexo) para que se reconocieran formalmente sus relaciones, lo que supuso, en su opinión, una violación de su derecho al respeto de su vida privada y familiar y una discriminación contra ellos por razón de su orientación sexual. Los demandantes invocaron el artículo 8 del Convenio, considerado aisladamente o en conjunción con el artículo 14.