Defensa y Seguridad

La Directiva (UE) 2017/541 sobre la lucha contra el terrorismo («Directiva de lucha contra el terrorismo» o «DCT») entró en vigor en abril de 2017, sustituyendo a la Decisión Marco 2002/475/JAI del Consejo (modificada en 2008) y modificando partes de la Decisión 2005/671/JAI (sobre el intercambio de información y la cooperación en relación con los delitos de terrorismo). La Directiva establece normas mínimas sobre la definición de los delitos relacionados con el terrorismo, su investigación y enjuiciamiento, las sanciones aplicables a estos delitos, la cooperación y los intercambios de información entre los Estados miembros en el contexto de los procedimientos penales, y la prestación de asistencia y protección a las víctimas del terrorismo.

Este informe examina el principal instrumento de derecho penal de la UE en el ámbito de la lucha contra el terrorismo, la Directiva (UE) 2017/541. En concreto, examina la forma en que la Directiva aborda cuestiones de derechos fundamentales, que afectan a las personas, los grupos y la sociedad en su conjunto. Se centra en tres delitos específicos cubiertos por la directiva, todos ellos de carácter preparatorio: la provocación pública para cometer un delito de terrorismo, los viajes con fines terroristas y la recepción de entrenamiento para el terrorismo. El informe se basa en el trabajo de campo realizado en Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, España y Suecia, y en las pruebas recogidas a través de la investigación documental sobre el marco jurídico e institucional pertinente. Ofrece una valiosa perspectiva sobre el impacto de las medidas antiterroristas en los derechos humanos.

Una encuesta realizada entre los miembros del grupo focal de fiscales y jueces de instrucción que luchan contra el tráfico de migrantes (el grupo focal) y los debates mantenidos durante la reunión virtual de Eurojust sobre el tráfico de migrantes (12 de noviembre de 2020) ayudaron a identificar varios temas de importancia para los profesionales activos en este ámbito. Sobre esta base, la Agencia de Cooperación en materia de Justicia Penal de la Unión Europea (Eurojust) seleccionó para un análisis más profundo el tema del uso judicial de la información tras el interrogatorio de los migrantes en las fronteras exteriores.