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El asunto se refiere a la dispersión por la policía de una manifestación organizada por un partido político y a las lesiones sufridas por el segundo demandante durante la dispersión. Los demandantes denuncian una violación de sus derechos en virtud del artículo 11 del Convenio. El segundo demandante alega además una violación del artículo 3 del Convenio.

El asunto se refiere al tratamiento por el Ministerio del Interior de los datos personales de los demandantes en relación con procesos penales sobreseídos o condenas penales que se han levantado o han prescrito.

La cuestión principal que debe abordarse en el presente asunto es si, a efectos de una denuncia en virtud del artículo 8 del Convenio, las personas que se encuentran fuera de un Estado contratante están sujetas a su jurisdicción territorial si sus comunicaciones electrónicas fueron interceptadas, registradas y examinadas (o corrían el riesgo de serlo) por los servicios de inteligencia de dicho Estado que operan dentro de sus fronteras.

El caso se refiere a las alegaciones de que el demandante fue detenido ilegalmente y torturado por agentes del Estado en Chechenia en marzo de 2017 debido a su homosexualidad, y de que no hubo una investigación efectiva sobre el asunto.

El caso se refiere a la supuesta omisión del Estado demandado de proteger a los demandantes, todos ellos miembros de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales («LGBTI»), de actos homófobos de violencia por parte de particulares y de llevar a cabo una investigación efectiva de los incidentes. Algunos demandantes también se quejaron de haber sido aprehendidos y detenidos ilegalmente durante manifestaciones pacíficas en apoyo de las personas LGBTI.

Los demandantes se quejaban de que la obligación de publicar las decisiones del organismo de autorregulación de los medios de comunicación, que les había sancionado por haber infringido las exigencias deontológicas de los periodistas y editores, había vulnerado su derecho a la libertad de expresión.

El asunto se refiere al derecho del demandante a un juicio justo por un tribunal independiente e imparcial, en virtud del artículo 6 § 1 del Convenio, y a la presunción de inocencia, en virtud del artículo 6 § 2 del Convenio, a causa de una declaración pública del Ministro de Justicia de Eslovenia. Dado el momento en que se produjo, dicha declaración fue supuestamente entendida como una instrucción y una amenaza para que el Tribunal Superior de Liubliana confirmara la condena del demandante. Además, la demanda se refiere al derecho a no ser castigado sin ley en virtud del artículo 7 del Convenio. La interpretación de los tribunales nacionales -según la cual la intención indirecta podía comprometer la responsabilidad penal del demandante por blanqueo de capitales- vulneraba supuestamente el principio de legalidad.

La presente demanda se refiere a la supuesta injusticia del proceso penal seguido contra el demandante. En particular, el demandante denunció, en virtud del artículo 6, apartado 1, del Convenio, que su condena se había basado en un veredicto del jurado que no contenía ninguna motivación, que el jurado no había sido imparcial y que su recurso sobre cuestiones de derecho había sido desestimado por el tribunal de apelación de forma infundada. La demanda también se refiere, en virtud del artículo 6 §§ 1, 2 y 3 (d) del Convenio, a la supuesta violación de la presunción de inocencia del demandante y a la cuestión de la admisibilidad como prueba de la declaración de un testigo ausente y de un conjunto de pruebas de oídas.

La demanda se refiere a las alegaciones formuladas en virtud de los artículos 5 y 18 del Convenio de que la decisión de los tribunales nacionales por la que se ordenó la detención preventiva del demandante era injustificada e innecesaria a los efectos del proceso penal seguido contra él y que tenía por objeto mantenerle apartado de la vida política.

Esta es la undécima edición del informe ENISA Threat Landscape (ETL), un informe anual sobre el estado del panorama de las amenazas a la ciberseguridad. Identifica las principales amenazas, las principales tendencias observadas con respecto a las amenazas, los actores de las amenazas y las técnicas de ataque, así como el análisis del impacto y la motivación. También describe las medidas de mitigación pertinentes. El trabajo de este año ha contado de nuevo con el apoyo del Grupo de Trabajo ad hoc sobre Paisajes de Amenazas a la Ciberseguridad (CTL) de ENISA.