Fondo Digital CDE

El presente caso se refiere a un procedimiento contra el demandante por infracción del código fiscal. En el marco de un procedimiento administrativo, se procedió a una reevaluación de los impuestos del demandante y se le impuso un recargo del 25%. Posteriormente, en el marco de un procedimiento penal, el demandante fue declarado culpable de delitos fiscales agravados y condenado a tres meses de prisión y a una multa de aproximadamente 84.000 euros (EUR). El demandante se queja de haber sido juzgado dos veces por el mismo delito, en violación del principio ne bis in idem consagrado en el artículo 4 del Protocolo nº 7 del Convenio.

El caso se refiere al secuestro y asesinato de una conocida activista de los derechos humanos, Natalia Estemirova, y a la eficacia de la investigación posterior.

El demandante fue condenado por varios delitos menores de violencia doméstica. Finalmente, también fue condenado por violencia doméstica y abandono de menores en un procedimiento penal de acusación. Se quejó, en virtud del artículo 6, apartado 3, letra b), del Convenio, de que, debido a la brevedad del período transcurrido entre la fecha en que se le informó de la sesión del tribunal de apelación y la fecha efectiva de dicha sesión, no había tenido tiempo suficiente para encontrar un abogado y preparar su defensa. Además, se quejó de que su ausencia en la sesión del tribunal de apelación supuso una violación de sus derechos en virtud del artículo 6, apartado 3, letra c), del Convenio. Por último, el demandante se quejó de haber sido juzgado y condenado dos veces por el mismo delito, en contra de lo dispuesto en el artículo 4 del Protocolo nº 7 del Convenio.

El caso se refiere a una sentencia dictada contra la empresa demandante en un procedimiento por difamación, en relación con una noticia sobre una red de pedofilia. La empresa demandante denunció la violación de su derecho a la libertad de expresión en virtud del artículo 10 del Convenio.

El caso se refiere a una queja en virtud del artículo 6, apartados 1 y 3, letra c), del Convenio en relación con la negativa de la jurisdicción de apelación a aplazar la vista de la causa penal de la demandante para que pudiera asistir a la vista en persona.

La demandante, que es abogada, se quejó de que la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo que se ocupó de su caso no había sido un «tribunal independiente e imparcial establecido por la ley» y alegó una violación del artículo 6 § 1 del Convenio.

La solicitud se refiere a la intervención telefónica de un periodista de la oposición y plantea cuestiones, en particular, en virtud del artículo 8 del Convenio.

La solicitud se refiere a supuestos malos tratos durante la detención, en violación del artículo 3 del Convenio, y a una detención ilegal, en violación del artículo 5.

El presente caso se refiere a los jueces del Tribunal Supremo de Ucrania que se quejan de que se les impidió ilegalmente ejercer sus funciones judiciales como resultado de la reforma judicial y las modificaciones legislativas de 2016. En este sentido, los demandantes se quejan de que se violó su derecho de acceso a un tribunal en virtud del artículo 6 § 1 y su derecho al respeto de la vida privada en virtud del artículo 8.

El presente caso se refiere a la denuncia de la demandante de que se había producido una injerencia injustificada en su derecho a la libertad de expresión, contraria al artículo 10 del Convenio, a causa del procedimiento de infracción administrativa incoado contra ella y de las sanciones resultantes por haber difundido -en los medios de comunicación social y en los envases de los preservativos producidos por ella- imágenes consideradas por los tribunales nacionales como publicidad no ética.