Fondo Digital CDE

Este documento de trabajo compara sistemáticamente la metodología de las estadísticas de protección social (SEEPROS) con la metodología de las cuentas nacionales. La coherencia entre la protección social y los indicadores macroeconómicos es muy importante para los usuarios en diversos contextos, incluida la elaboración de políticas y el seguimiento. La comparabilidad de los agregados requiere tener en cuenta el impacto de las diferencias en las definiciones, la cobertura y los enfoques contables. En el caso de las estadísticas de protección social, esto se refiere principalmente a las prestaciones sociales.

Los cambios más relevantes en la regulación del tiempo de trabajo en Europa en 2019 y 2020 abordaron los desafíos que surgieron como resultado de la pandemia COVID-19. La mayoría se centró en los regímenes de jornada reducida, en los enfoques del teletrabajo para quienes pueden trabajar desde casa y en la normativa para garantizar la prestación segura de servicios esenciales. En 2020, la semana laboral media acordada colectivamente en la UE era de 37,8 horas. En los sectores analizados en el informe, la semana laboral normal acordada colectivamente era más corta en la administración pública (38 horas) y más larga en el transporte (39,2 horas). El derecho a vacaciones anuales retribuidas (teniendo en cuenta las establecidas en la negociación colectiva) se situó en una media de 24,5 días en toda la UE.

Por la presente Decisión de Ejecución (UE) 2021/1969 de la Comisión de 27 de octubre de 2021 se manifiesta la solicitud de registro de la iniciativa ciudadana europea titulada «Llamamiento a la acción — Protección del medio ambiente en todas las políticas», de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/788 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2021) 7742] (El texto en lengua inglesa es el único auténtico)

Este documento es el Documento de Método de Referencia de la Administración Electrónica 2020-2023, que es el resultado de una consulta sobre el método (octubre de 2019), un taller sobre el método (febrero de 2020) y las reflexiones de los Estados miembros sobre la base del documento de revisión del método (compartido en abril de 2020). También incluye perfeccionamientos sobre acontecimientos vitales específicos tras un taller sobre el método (marzo de 2021) y reflexiones de los Estados miembros (abril de 2021).

Por la presente Decisión de Ejecución (UE) 2021/1956 de la Comisión de 10 de noviembre de 2021 se establece la creación y organización de la Red de Conocimientos sobre Protección Civil de la Unión [notificada con el número C(2021) 7939] (Texto pertinente a efectos del EEE)

Se considera que Perú tiene altos estándares de protección de la PI. Según el Índice Internacional de Propiedad Intelectual (IPI) 2020, elaborado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos de América, de los 53 países que fueron evaluados, Perú fue identificado como el cuarto país con mayor crecimiento en materia de protección de la PI y, entre todas las economías latinoamericanas, ha logrado la mayor mejora global. Las PYME europeas deben ser cautelosas al entrar en el mercado peruano para asegurarse de que sus derechos de propiedad intelectual están adecuadamente protegidos allí. Recuerde que los derechos de propiedad intelectual registrados son de naturaleza territorial y, por tanto, sólo están protegidos en el territorio en el que han sido registrados. En consecuencia, los DPI registrados en Europa no tendrán validez legal en Perú, hasta que no se registren también en este país.

La pandemia de COVID-19 cerró o limitó muchas actividades económicas en 2020, con repercusiones de gran alcance en el mercado laboral. Las pérdidas de empleo al comienzo de la pandemia fueron más acusadas que las experimentadas durante la crisis financiera mundial. El descenso de las horas trabajadas fue aún mayor como consecuencia del despido generalizado de trabajadores con apoyo estatal. Las políticas de distanciamiento físico de los gobiernos condujeron a otro ajuste significativo y en gran medida ad hoc: el cambio al trabajo masivo a distancia para aquellos trabajadores cuyos empleos lo permitían. Este informe describe la evolución del empleo y del tiempo de trabajo por sectores y ocupaciones durante el primer año de la crisis. Explora qué categorías de trabajadores se vieron más afectadas: principalmente los trabajadores temporales, los jóvenes y las mujeres con salarios bajos. También evalúa hasta qué punto el trabajo a distancia sirvió de amortiguador durante la crisis, preservando puestos de trabajo que de otro modo podrían haberse perdido.

Este documento informa sobre el proyecto Implementación de diccionarios de conceptos normativos y obligaciones de información mediante aprendizaje automático asistido (FISMA 2019:050/E). El proyecto tiene los siguientes objetivos: 1. Cubrir todo el cuerpo normativo en el ámbito de la DG FISMA. La solución debe ser escalable a nuevos documentos. 2. Construir un glosario de conceptos (palabras o frases) e identificar sus definiciones. Este glosario debe ampliar y ser coherente con la taxonomía FISMA existente. 3. 3. Construir un diccionario de las obligaciones de información establecidas en el corpus de documentos cubiertos (dicha obligación establece quién debe informar, sobre qué debe informar, etc.). El diccionario debe ser coherente con la taxonomía FISMA existente. 4. Asegurarse de que la precisión de los diccionarios compilados se aproxima al 100% combinando la automatización con la asistencia humana. 5. Ampliar las herramientas existentes de la autoridad contratante (AC) y, cuando sea necesario, diseñar y desarrollar nuevas herramientas para utilizar los diccionarios en el trabajo práctico de la AC. Estas herramientas deberían poder integrarse fácilmente en el ecosistema digital de la AC.

Este estudio recoge la transición de los servicios públicos de offline a online. Las reformas e inversiones de los Estados miembros en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como su labor para alcanzar los objetivos de la Decada Digital, deberían impulsar aún más los progresos futuros. El eGovernment Benchmark compara la forma en que los gobiernos prestan servicios públicos digitales en toda Europa. Se ha convertido en un estudio reconocido internacionalmente que analiza cómo las plataformas para los ciudadanos, las empresas, los turistas y las comunidades de expatriados siguen cambiando y mejorando.

El Media Pluralism Monitor (MPM) es una herramienta de investigación diseñada para identificar los riesgos potenciales para el pluralismo de los medios de comunicación en los Estados miembros de la Unión Europea y en los países candidatos. Este informe narrativo se ha elaborado sobre la base de la aplicación del MPM realizada en 2020. La aplicación se llevó a cabo en 27 Estados miembros de la UE, así como en Albania, Montenegro, la República de Macedonia del Norte, Serbia y Turquía. Este proyecto, en el marco de una acción preparatoria del Parlamento Europeo, contó con el apoyo de una subvención concedida por la Comisión Europea al Centro para el Pluralismo y la Libertad de los Medios de Comunicación (CMPF) del Instituto Universitario Europeo.