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El caso se refiere principalmente a la queja del demandante en virtud del artículo 11 del Convenio sobre su condena penal por negarse a admitir a varias personas en un sindicato mientras actuaba en calidad de representante sindical.

El caso se refiere a un procedimiento civil por difamación en el que el demandante -un antiguo Presidente de Croacia- fue condenado a pagar 50.000 kunas croatas (HRK; aproximadamente 6.660 euros (EUR) en el momento de los hechos) a un abogado francés de origen croata, por haber manchado su reputación.

Este estudio pretende, en primer lugar, comprender en qué medida y de qué manera los Estados miembros de la UE recurren a la evaluación del impacto distributivo (ex-ante) de las medidas presupuestarias. También pretende identificar las principales razones que limitan el uso de la EID en los proyectos de planes presupuestarios y evaluar el grado de similitud en el uso de la EID entre los Estados miembros de la zona euro. A continuación, el estudio pretende ofrecer sugerencias para aumentar el uso de la DIA en los Estados miembros de la UE y sugerencias relativas al diseño de un posible marco común de la UE en este ámbito.

El caso se refiere a la decisión de rechazar la solicitud de los demandantes de un segundo ciclo autofinanciado de inyección intracitoplasmática de esperma (un procedimiento de fecundación in vitro), utilizando los gametos de los demandantes, sobre la base de que el segundo demandante había alcanzado los cuarenta y tres años de edad. Los demandantes invocan el artículo 8 por sí solo y en relación con el artículo 14 del Convenio.

El caso se refiere a la supuesta violación del derecho de los demandantes a acceder a un tribunal debido a las excesivas tasas judiciales.

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La solicitud se refiere a las condiciones de detención del demandante en la prisión preventiva de Nubarashen y a la supuesta falta de recursos efectivos al respecto. Plantea cuestiones relativas al artículo 3 y al artículo 13 del Convenio.

El demandante se quejaba de que la sentencia de los tribunales nacionales, que confirmaba una sanción que se le había impuesto por haber organizado y participado en una acción de protesta, había violado sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica previstos en los artículos 10 y 11 del Convenio.

El caso se originó en dos solicitudes (núm. 28492/15 y 49975/15) contra la Federación Rusa presentadas ante el Tribunal en virtud del artículo 34 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales («el Convenio») por dos nacionales de Kirguistán, el Sr. Turdyvay Urunbayevich Khasanov y el Sr. Shavkatbek Salyzhanovich Rakhmanov («los demandantes»), el 15 de junio y el 11 de octubre de 2015 respectivamente. Habiendo sido designados originalmente con las iniciales T.K. y S.R. en el procedimiento ante la Sala de la Sección Tercera, los demandantes solicitaron posteriormente que se revelaran sus nombres y que se levantara el anonimato y la confidencialidad previamente concedidos en virtud del artículo 33 y del artículo 47 § 4 del Reglamento del Tribunal.

El presente caso se refiere a la decisión de los tribunales rusos de denegar la solicitud del demandante de restitución de su hija a Suiza en virtud del Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores.