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La crisis económica y sanitaria generada por la pandemia del COVID-19 ha producido cambios significativos en la movilidad en los países y ciudades de América Latina, entre ellos, la reducción significativa de viajes, aumento del uso del automóvil particular en desmedro del transporte público, aumento del uso de bicicletas, aumento de servicios de reparto, entre otros. En este contexto, los gobiernos nacionales y subnacionales han adoptado diversas medidas para mitigar el riesgo de contagios y recuperar una movilidad segura para fomentar la reactivación económica, que incluyen el financiamiento adicional y ajustes de programas de operación de servicios de transporte público, la habilitación de ciclovías de emergencia y pistas sólo bus, la peatonalización de calles y ampliación de veredas, la promoción del teletrabajo, y el escalonamiento en los horarios de entrada al trabajo. A través de un análisis de las medidas de emergencia adoptadas, de los proyectos de movilidad sostenible que el Programa EUROCLIMA+ impulsa y de entrevistas a autoridades y planificadores de transporte de distintos países de la región, este estudio analizó el impacto del COVID-19 en la movilidad urbana en América Latina e identificó “buenas prácticas” en la implementación de medidas de fomento de la movilidad sustentable. Un análisis crítico del concepto de “recuperación verde”, adaptado a la región, permite establecer criterios para una evaluación técnica de las medidas de fomento del uso de transporte público, transporte activo y gestión de la demanda.

El papel de los partidos políticos europeos, a menudo infravalorado en el pasado, ha aumentado significativamente a lo largo de los años. Hoy en día, son importantes coordinadores dentro del sistema político de la UE, llevando a cabo una serie de actividades que pueden clasificarse conceptualmente como coordinación «vertical», «horizontal» y «diagonal». Este estudio del EPRS explora la creciente «politización» del Consejo Europeo y el creciente papel de coordinación que los partidos políticos europeos parecen desempeñar en el contexto del Consejo Europeo. Las principales actividades de coordinación de los partidos son claramente sus respectivas «precumbres», celebradas justo antes de las reuniones del Consejo Europeo. Estas precumbres tienen múltiples propósitos para los partidos -incluyendo la coordinación de posiciones para las inminentes discusiones del Consejo Europeo, la elaboración de estrategias a largo plazo, la comunicación, la socialización y la creación de redes- con una importancia que varía entre los diferentes partidos. Un estudio de caso sobre el nombramiento de la nueva dirección institucional de la UE en 2019 ilustra la importancia del papel de los partidos políticos europeos en la coordinación entre los líderes de la UE en el Consejo Europeo.

La aparición de la pandemia de coronavirus a principios de 2020 afectó al trabajo del Consejo Europeo de muchas maneras. Uno de ellos fue el operativo. El Consejo Europeo pasó en marzo de las reuniones en persona a las videoconferencias. A lo largo del año, el Consejo Europeo celebró ocho videoconferencias y se reunió cinco veces en persona. Reunirse por videoconferencia, especialmente en marzo-abril, durante la primera oleada de la pandemia, y en octubre-noviembre, durante la segunda oleada, permitió al Consejo Europeo aplicarse inmediatamente al control de daños y a la gestión de la crisis. Más allá de las preocupaciones inmediatas, el Consejo Europeo abordó el inmenso reto de la recuperación socioeconómica. En lo que fue, con mucho, el acontecimiento más importante para la UE en 2020, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión negociaron un acuerdo trascendental para un ambicioso fondo de recuperación vinculado al nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) para 2021-2027. Las complejas y polémicas negociaciones sobre el MFP y el fondo de recuperación, que culminaron en una épica cumbre especial en julio, serán recordadas para siempre en la historia del Consejo Europeo. También lo será la persistente disputa sobre la condicionalidad del Estado de Derecho, que, aunque en principio se resolvió a finales de año con respecto al paquete financiero, siguió siendo una cuestión profundamente divisiva entre los líderes de la UE. A pesar de la presión de los asuntos relacionados con Covid-19, los líderes de la UE tuvieron que abordar otras cuestiones en 2020, como el cambio climático y los asuntos exteriores. Las relaciones con China, Rusia y Turquía, en particular, requerían la atención del Consejo Europeo. También las relaciones con el Reino Unido, que se convirtió en un tercer país tras abandonar la Unión a finales de enero.

Este estudio analiza el potencial valor añadido de la Unión Europea (UE) (o el coste no aprovechado de la no Europa) en determinados ámbitos de la política social y laboral: los regímenes de jornada reducida, las medidas de lucha contra la pobreza y la reducción de las desigualdades y la normativa sobre el salario mínimo. Los tres ámbitos están estrechamente interrelacionados, y el estudio muestra la relevancia potencial de la acción de la UE para abordar los principales retos existentes. El análisis cuantitativo utiliza el enfoque de la «tasa de despilfarro presupuestario» para medir las posibles ganancias de eficiencia en los ámbitos seleccionados. Por último, el estudio analiza los canales que podrían permitir a la UE apoyar estas ganancias y mejorar los resultados sociales.

Este documento pretende identificar e investigar el impacto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia a principios de 2022 sobre la investigación y la innovación (I+I) en Europa. La guerra en sí, junto con las sanciones asociadas, los flujos migratorios, el entorno económico inestable, las interrupciones de la cadena de suministro y las dependencias energéticas, afecta a la I+I de la UE a través de varios canales, que van desde la colaboración científica y la disponibilidad de investigadores hasta las implicaciones económicas para las empresas, el progreso en la transición ecológica, el impacto social y el aumento de la demanda de defensa y seguridad. El conflicto tiene implicaciones políticas a corto y largo plazo. A corto plazo, las perturbaciones previstas exigen medidas de protección y mitigación. A medio y largo plazo, como en el caso de la crisis de COVID-19, el conflicto subraya que Europa necesita estar preparada, así como reforzar su capacidad de recuperación y reconsiderar las dependencias de la UE. La I+I también puede considerarse una palanca para la paz, ya que está en la base del desarrollo socioeconómico sostenible y, por tanto, de las sociedades pacíficas.

La pandemia de COVID-19 provocó cambios sin precedentes en nuestra sociedad, afectando a la forma en que vivimos, trabajamos, compramos, viajamos y nos relacionamos. Para responder rápidamente a las perturbaciones sanitarias, sociales y económicas y proteger a sus ciudadanos y empresas, la Unión Europea se apoyó en los conocimientos científicos y el asesoramiento de sus agencias. El presente informe se basa en los retos que plantea la elaboración de evaluaciones de riesgo y asesoramiento científico bajo la presión del tiempo y la considerable incertidumbre a la que se enfrentan las agencias de la UE que apoyan la elaboración de políticas basadas en pruebas. Proporciona un conjunto de recomendaciones clave para mejorar el valor colectivo de las agencias para los responsables políticos.

El Centro de Competencia de Evaluación Microeconómica (CC-ME) de la Comisión Europea se fundó el 19 de mayo de 2016 para apoyar la función de evaluación en la Comisión Europea. El CC-ME forma parte de la Unidad JRC.I.1 «Seguimiento, indicadores y evaluación de impacto». El CC-ME se basa en la experiencia del Centro de Investigación sobre Evaluación de Impacto (CRIE), que comenzó como un proyecto conjunto del Centro Común de Investigación (JRC) y la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea (DG EMPL) en 2013. CRIE es ahora una parte integral de CC-ME. Este folleto informa de los aspectos más destacados de las actividades del CC-ME en 2021.

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº. 1698/2005 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 487; corrección de errores en DO 2016, L 130, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2017 (DO 2017, L 350, p. 15) (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 1305/2013»).

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia (DO 2015, L 141, p. 19).

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 4, letra c), de la Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales (DO 1992, L 76, p. 1), en su versión modificada por la Directiva 94/74/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994 (DO 1994, L 365, p. 46) (en lo sucesivo, «Directiva 92/12»), en relación con los artículos 13, 15 y 16 de esta.