Fondo Digital CDE

La digitalización de la justicia tiene por objeto facilitar el acceso a la justicia, mejorar su eficiencia general y garantizar la resiliencia de los sistemas judiciales, especialmente en tiempos de crisis. En 2020, como respuesta a la pandemia COVID-19 y su impacto en el ámbito de la justicia, la Comisión emprendió varias iniciativas para intensificar la digitalización de la justicia. La Comunicación sobre la digitalización de la justicia en la Unión Europea, Una caja de herramientas de oportunidades, adoptada en diciembre de 2020, prevé la creación de una herramienta, «Mi espacio e-Justicia», en el Portal Europeo de e-Justicia. Esta herramienta facilitará el acceso a diversos servicios públicos digitales nacionales en el ámbito de la justicia. En varios Estados miembros, los particulares y las personas jurídicas ya tienen acceso en línea a diferentes servicios públicos ofrecidos en línea por el poder judicial y las administraciones públicas. Estos servicios públicos digitales ahorran tiempo, se puede acceder a ellos desde cualquier lugar y están disponibles incluso en situaciones difíciles, como la pandemia COVID-19. Sin embargo, los particulares y las empresas no suelen ser plenamente conscientes de la existencia de estos servicios.

En marzo de 2021, Eurojust y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) firmaron un Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) por el que se establecía el Proyecto de Delitos contra la Propiedad Intelectual (IPC) de Eurojust, destinado a impulsar la cooperación y garantizar una respuesta más coherente y sólida contra las infracciones de la propiedad intelectual en toda la UE. El proyecto CIP se centra en la creación, la promoción y el intercambio de conocimientos, herramientas y experiencia, así como en la sensibilización y la prestación de un mayor apoyo jurídico y operativo a las complejas investigaciones transfronterizas en materia de CIP.

En una situación transfronteriza intervienen al menos dos Estados miembros. En tales situaciones, existe el riesgo de que las cotizaciones a la seguridad social no se paguen por/para las personas móviles a la autoridad pública del Estado miembro competente. Además, existe el riesgo de que se abonen indebidamente prestaciones a las personas móviles debido a fraude o error. El capítulo III del título IV del Reglamento de aplicación define los procedimientos y las normas de asistencia mutua para el cobro de tales créditos. Estas disposiciones son muy importantes, ya que un cobro efectivo ayuda considerablemente a atajar el riesgo de fraude y error.

El principio fundamental de las normas de la UE sobre coordinación de la seguridad social1 es que las personas sólo están sujetas a la legislación de un único Estado miembro. Si la persona trabaja, se aplica la legislación del Estado miembro donde se ejerce la actividad económica («lex loci laboris»). En algunas situaciones muy específicas, se aplican otros criterios. Tales situaciones incluyen, entre otras, 1) los trabajadores por cuenta ajena empleados por un empleador que ejerce normalmente sus actividades en un Estado miembro y que son desplazados por dicho empleador a otro Estado miembro para realizar un trabajo por cuenta del mismo (apartado 1 del artículo 12 del Reglamento de base), 2) las personas que ejercen normalmente una actividad por cuenta propia en un Estado miembro y que van a ejercer una actividad similar en otro Estado miembro (apartado 2 del artículo 12 del Reglamento de base); y 3) las personas que ejercen una actividad por cuenta ajena/propia en dos o más Estados miembros (artículo 13 del Reglamento de base).

En lo que respecta a la seguridad social transfronteriza en la UE, las prestaciones de maternidad y paternidad en metálico pueden exportarse a personas que residan o se encuentren en un Estado miembro distinto del Estado miembro competente. Este informe presenta datos sobre este tema para el año de referencia 2021. Aunque las prestaciones de maternidad y de paternidad asimiladas también pueden ser en especie, no se recogen datos sobre las prestaciones en especie. El informe se ha elaborado a partir de los datos presentados por los Estados miembros, aunque no siempre está claro si todas las prestaciones mencionadas en él entran en el ámbito de aplicación de las prestaciones de maternidad y de paternidad asimiladas.

Mediante su recurso de casación, American Airlines Inc. solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 16 de diciembre de 2020, American Airlines/Comisión (T‑430/18, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2020:603), mediante la que dicho Tribunal desestimó su recurso de anulación de la Decisión de la Comisión C(2018) 2788 final, de 30 de abril de 2018, por la que se conceden derechos de antigüedad a Delta Air Lines (asunto M.6607 — US Airways/American Airlines) (en lo sucesivo, « Decisión controvertida»).

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 49, 56 y 106 TFUE.

La petición se formuló en el marco de un procedimiento penal contra OL, titular de la sociedad OL, por infracción de la normativa italiana que regula la recogida de apuestas, por haber ejercido una actividad organizada de recogida de apuestas por cuenta de una casa de apuestas establecida en Austria sin ser titular de una concesión y de una licencia previstas por dicha normativa.

Aunque la integración europea es un factor clave del crecimiento, la paz, la protección del medio ambiente y la prosperidad social, sigue habiendo retos persistentes y se pueden prever posibles crisis. En el futuro, a Europa se le abren varias vías posibles. El Parlamento Europeo favorece la vía de una acción ambiciosa y colectiva de la Unión, en la que puedan alcanzarse importantes beneficios potenciales, no solo en el presente, sino también de cara a diversos escenarios futuros posibles. El presente documento es un extracto de un estudio que tiene por objeto ayudar al Parlamento Europeo a definir la agenda política y estimular el debate en torno a una vía sostenible de cara al futuro. En él se investigan los beneficios potenciales que podrían lograrse en cincuenta ámbitos de actuación, teniendo en cuenta el estado de la legislación de la Unión y su potencial inexplotado, y aplica un análisis cuantitativo adaptado a cada uno de los ámbitos de actuación. Si la Unión no emprende la vía de una acción ambiciosa y colectiva, los beneficios observados podrían no materializarse en su totalidad, lo que entrañaría un «coste de la no Europa». El estudio concluye que una mayor integración de la Unión podría generar más de 2,8 billones de euros anuales de aquí a 2032 y contribuir a alcanzar los objetivos de la Unión en los ámbitos de los derechos sociales, los derechos fundamentales y el medio ambiente. Los beneficios de una mayor integración de la Unión no sustituirían ni socavarían aquellos otros beneficios asociados a las medidas adoptadas en el plano nacional, regional o local, sino que los complementarían y reforzarían.

Cada vez más se considera que la formación del profesorado es de vital importancia de cara a la agenda de aprendizaje para la sostenibilidad. El impulso político, el apoyo y la financiación son esenciales para impulsar el aprendizaje profesional del profesorado en este ámbito. Para que sea eficaz, el desarrollo profesional del profesorado debe plantearse junto a otras reformas y políticas relacionadas con la sostenibilidad y la educación para el desarrollo sostenible, y no de forma aislada. A escala de la UE, es preciso contar con medidas de apoyo para acelerar el interés actual por el aprendizaje para la sostenibilidad, así como para detectar, compartir y ampliar las políticas nacionales o regionales ejemplares en materia de formación del profesorado. Para ayudar a que los países pasen de los compromisos a la acción («que prediquen con el ejemplo») es fundamental la financiación a escala nacional y de la UE. Aprovechar las oportunidades de financiación que puedan apoyar reformas a gran escala (por ejemplo, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Recuperación y Resiliencia) podría ser decisivo de cara al aprendizaje para la sostenibilidad. Para ello, la financiación existente en la UE debe tener una mayor visibilidad y debe intensificarse la cooperación intergubernamental e interministerial a escala nacional con vistas a que el aprendizaje para la sostenibilidad, en particular la formación del profesorado, reciba la atención que necesita tan urgentemente.

Mediante sus recursos de casación, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea (en lo sucesivo, conjuntamente, «instituciones») solicitan la anulación de la sentencia del Tribunal General de 8 de julio de 2020, Jiangsu Seraphim Solar System/Comisión (T‑110/17, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2020:315), mediante la que este anuló el artículo 2 del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2146 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2016, por el que se denuncia la aceptación del compromiso de dos productores exportadores con arreglo a la Decisión de Ejecución 2013/707/UE, que confirma la aceptación de un compromiso propuesto en relación con los procedimientos antidumping y antisubvenciones relativos a las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (como células) originarios o procedentes de la República Popular China durante el período de aplicación de las medidas definitivas (DO 2016, L 333, p. 4; en lo sucesivo, «Reglamento controvertido»), en cuanto afecta a Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd (en lo sucesivo, «Jiangsu Seraphim»).