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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 3 a 5 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; corrección de errores en DO 2015, L 137, p. 13, y en DO 2023, L 17, p. 100).

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Caixabank, S. A. (en lo sucesivo, «entidad bancaria»), y X (en lo sucesivo, «consumidor»), en relación con la supuesta abusividad de la cláusula de comisión de apertura de un contrato de crédito con garantía hipotecaria.

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la validez del artículo 18, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1768/95 de la Comisión, de 24 de julio de 1995, por el que se adoptan normas de desarrollo de la exención agrícola contemplada en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CE) n.º 2100/94 del Consejo relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DO 1995, L 173, p. 14), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 2605/98 de la Comisión, de 3 de diciembre de 1998 (DO 1998, L 328, p. 6) (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 1768/95»), en relación con el artículo 94, apartado 2, primera frase, del Reglamento (CE) n.º 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DO 1994, L 227, p. 1).

La mayor parte de Europa meridional y occidental se ve afectada por importantes anomalías de la humedad del suelo y del caudal de los ríos debido a un invierno excepcionalmente seco y cálido.
– El volumen equivalente de agua de nieve en los Alpes está muy por debajo de la media histórica, y es incluso inferior al del invierno 2021-2022. Esto conducirá a una grave reducción de la contribución del deshielo a los caudales fluviales en la región perialpina durante la primavera y principios del verano de 2023.
– Los efectos de la incipiente sequía ya son visibles en Francia, España y el norte de Italia, y suscitan preocupación por el abastecimiento de agua para uso humano, la agricultura y la producción de energía.
– Las previsiones estacionales muestran una primavera más cálida que la media en Europa, mientras que las previsiones de precipitaciones se caracterizan por una mayor variabilidad espacial e incertidumbre. Para hacer frente a una estación que actualmente presenta un alto riesgo de ser crítica para los recursos hídricos, se requiere una estrecha vigilancia y planes adecuados de utilización del agua.

Las amenazas híbridas constituyen una combinación de diferentes tipos de herramientas, algunas esperadas y conocidas, otras inesperadas y clandestinas, aplicadas para lograr un objetivo estratégico no declarado, y sin admitirlo oficialmente. El denominador común de los actores de las amenazas híbridas es su deseo de socavar o perjudicar a gobiernos, países o alianzas establecidos democráticamente. Por su propia naturaleza, las amenazas híbridas constituyen un riesgo para los valores, gobiernos, países e individuos europeos. Su objetivo general es limitar la libertad de maniobra de las democracias para desacreditar su modelo frente a los regímenes autoritarios u obtener otras ventajas sobre las democracias. Los siete estudios de casos presentados en este informe demuestran hasta qué punto la actividad de las amenazas híbridas puede socavar y debilitar los cimientos de un ecosistema democrático que funcione correctamente.

Mediante su recurso de casación, la Comisión Europea solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 9 de junio de 2021, Calhau Correia de Paiva/Comisión (T‑202/17, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2021:323), por la que el Tribunal General anuló la decisión del tribunal calificador de la oposición general EPSO/AD/293/14, de 23 de junio de 2016, por la que se deniega la solicitud de revisión de la Sra. Ana Calhau Correia de Paiva a raíz de su exclusión de la lista de reserva de dicha oposición (en lo sucesivo, «decisión controvertida»).

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 21, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO 2004, L 24, p. 1).

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Towercast SASU, por una parte, y la Autorité de la concurrence (Autoridad de Competencia, Francia) y el ministre chargé de l’économie (Ministro de Economía, Francia), por otra, en relación con una resolución desestimatoria de una denuncia de Towercast por abuso de posición dominante.

Mediante sus recursos de casación respectivos, la Comisión Europea (C‑438/21 P), Biogen Netherlands BV (en lo sucesivo, «Biogen») (C‑439/21 P) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) (C‑440/21 P) solicitan la anulación de la sentencia del Tribunal General de 5 de mayo de 2021, Pharmaceutical Works Polpharma/EMA (T‑611/18, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2021:241), por la que este anuló la decisión de la EMA de 30 de julio de 2018 por la que se deniega a Pharmaceutical Works Polpharma S. A. (en lo sucesivo, «Polpharma») la autorización de comercialización de una versión genérica del medicamento Tecfidera (en lo sucesivo, «decisión controvertida»).

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 38, letra a), de la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que se modifican las Directivas 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE y 2006/48/CE y por la que se deroga la Directiva 97/5/CE (DO 2007, L 319, p. 1).

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 18 TFUE, 26 TFUE, 49 TFUE, 54 TFUE y 55 TFUE, de los artículos 3 y 13 de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (DO 2018, L 321, p. 36), y de los artículos 16 y 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).

Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que:

– Declare que la República de Bulgaria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 260 TFUE, apartado 1, respecto de las zonas y aglomeraciones BG0001 Sofía, BG0002 Plovdiv, BG0004 Norte, BG0005 Sudoeste y BG0006 Sudeste, al no haber adoptado todas las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de 5 de abril de 2017, Comisión/Bulgaria (C‑488/15, EU:C:2017:267).

– Condene a la República de Bulgaria a pagar a la Comisión un importe a tanto alzado de 3 156 euros diarios, a contar desde la fecha en que se pronunció la sentencia de 5 de abril de 2017, Comisión/Bulgaria (C‑488/15, EU:C:2017:267), hasta que recaiga sentencia en el presente asunto, o, en caso de que se dé cumplimiento antes a lo dispuesto en la sentencia, hasta el 31 de diciembre del último año en el que no se haya conformado a ella, sin que el importe pueda ser, en cualquier caso, inferior al importe mínimo a tanto alzado de 653 000 euros.

– Condene a la República de Bulgaria a pagar a la Comisión una multa coercitiva por importe de 5 677,20 euros diarios por cada una de las zonas de calidad del aire, a contar desde el momento en que se dicte sentencia en el presente asunto y hasta el año en que se dé cumplimiento por completo a la sentencia de 5 de abril de 2017, Comisión/Bulgaria (C‑488/15, EU:C:2017:267).

– Condene a la República de Bulgaria a cargar con las costas.