Fondo Digital CDE

El Informe Anual de Indicadores Clave de Rendimiento se basa en los informes trimestrales presentados por los 13 actores clave del ecosistema de Copernicus1 y la DG DEFIS para los eventos de comunicación. A efectos de este informe, todos los que proporcionan datos se denominan «partes informantes» para mayor claridad y coherencia del análisis.

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 6 bis y 6 ter, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.º 531/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2012, relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión (DO 2012, L 172, p. 10), en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015 (DO 2015, L 310, p. 1) , y de los artículos 2, apartado 2, y 4, apartado 4, del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2286 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2016, por el que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la política de utilización razonable y a la metodología para evaluar la sostenibilidad de la supresión de los recargos por itinerancia al por menor, así como sobre la solicitud que debe presentar un proveedor de itinerancia a efectos de tal evaluación (DO 2016, L 344, p. 46)

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 9, letra d), y 10, letras a) y f), del Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales) (DO 2009, L 300, p. 1).

La presente petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 1, apartado 3, letra a), de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO 2015, L 141, p. 73).

«Ekotechnik Czech», una PYME checa especializada en la instalación y el mantenimiento de plantas de energía solar e híbrida, con presencia internacional en mercados como Eslovaquia, Hungría, España, Reino Unido, Turquía, Ucrania, Kazajstán, Rusia y Rumanía, decidió expandirse al mercado indio y estableció una empresa hermana llamada «Ekotechnik Manufacturing Limited» en Mumbai.

Luxemburgo es una democracia representativa parlamentaria dirigida por un monarca constitucional, el Gran Duque. La Constitución data de 1868 y fue modificada por última vez en 2016. Organiza una separación de poderes entre el ejecutivo (el Gran Duque y el Gobierno) y el legislativo (el Parlamento), y el poder judicial vela por la ejecución de las leyes.

En cuanto a las fuentes directas del derecho, el sistema jurídico búlgaro se basa en una jerarquía estrictamente definida de las fuentes del derecho como sigue: El Derecho de la UE tiene supremacía sobre las disposiciones legales internas de la legislación de Bulgaria (incluidas las disposiciones constitucionales) que lo contradigan y puede tener efecto directo. Esto también es válido para el ámbito de la legislación relacionada con la igualdad de género.

El diseño y la aplicación de la estrategia de especialización inteligente ofrecen a los territorios europeos un sólido paradigma para desarrollar una gobernanza eficaz de la innovación, mejorar las capacidades de las políticas de innovación, potenciar las asociaciones público-privadas, ofrecer una plataforma común para las actividades de cooperación interregional y un compromiso operativo de las partes interesadas en las cadenas de valor internacionales.

La legislación contra la discriminación en el Reino Unido se aplica principalmente a través de los tribunales civiles, con la excepción de algunas disposiciones menores que prevén sanciones penales. Los sistemas judiciales pertinentes en las tres jurisdicciones del Reino Unido (Inglaterra y Gales, Escocia e Irlanda del Norte) son similares pero no idénticos.

El artículo 27, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 603/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 20131, exige a los Estados miembros que envíen a la Agencia y a la Comisión la lista de autoridades designadas que tienen acceso a los datos registrados en el Sistema Central para los fines establecidos en el artículo 1, apartado 1, del mismo Reglamento.