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Por la siguiente Declaración conjunta de la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo se establece un instrumento para disuadir y contrarrestar las acciones coercitivas por parte de terceros países

En España, hasta el momento se han notificado un total de 5.202.958 casos confirmados de COVID-19 por PCR y 88.159 fallecidos.

En España, hasta el momento 37.655.150 personas han recibido la pauta completa de la vacunación contra la COVID-19.

¿Qué hay para mi ciudad y cómo podemos formar parte de ella?

Este documento analiza las implicaciones políticas de un posible aumento de la morosidad debido a la COVID-19. El estudio ofrece una evaluación empírica de los posibles escenarios y extrae lecciones de crisis anteriores para un tratamiento eficaz de la morosidad. El documento destaca la importancia de una evaluación temprana y realista de las pérdidas de préstamos para evitar incentivos adversos para los bancos. Los mercados secundarios de préstamos ayudarían en este proceso y facilitarían aún más la resolución de los bancos, tal y como establece la BRRD, que debería mantenerse incluso en escenarios extremos. Este documento ha sido elaborado por la Unidad de Apoyo a la Gobernanza Económica (EGOV) a petición de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON).

Sólo menos del 9 % de las pequeñas empresas de la UE poseen DPI1 y ello no se debe a que el otro 91 % no tenga ninguna PI protegible, sino principalmente a que no son conscientes de la importancia de la PI para su negocio (ni de las oportunidades de negocio ni del riesgo que están perdiendo). Detrás de esto, hay muchas ideas erróneas que van desde pensar que no tienen nada que merezca la pena proteger, que no se ocupan de nada a lo que tengan que prestar atención; o que operan en sectores no intensivos en PI, hasta creer que el tamaño importa (en otras palabras, la PI es sólo para las grandes empresas); o que el registro puede esperar a un momento más maduro (enfoque de bajo perfil).

En este estudio examinamos la experiencia de los Estados miembros con las Sociedades de Gestión de Activos (SGA) para entender sus oportunidades y riesgos, y los determinantes más profundos de su rendimiento, y extraer algunas lecciones para explorar posibles soluciones a nivel de la UE. Este documento ha sido facilitado/preparado por la Unidad de Apoyo a la Gobernanza Económica a petición de la Comisión ECON.

La publicación «Directrices sobre la calidad de los datos de Data.europa.eu» contiene un conjunto de recomendaciones para ofrecer una alta calidad. Están dirigidas a los proveedores de datos para ayudarles a preparar sus datos, desarrollar su estrategia de datos y garantizar la calidad de los mismos. Se compone de las siguientes cuatro partes: 1. Recomendaciones para proporcionar datos de alta calidad. Las recomendaciones cubren aspectos generales de calidad en cuanto a la posibilidad de encontrar, acceder, interoperar y reutilizar los datos (incluyendo recomendaciones específicas para formatos de archivo comunes como CSV, JSON, RDF y XML); 2. Recomendaciones para la estandarización de datos (con vocabularios controlados por la UE) y el enriquecimiento de datos; 3. Recomendaciones para documentar los datos; 4. Recomendaciones para mejorar el «nivel de apertura». Al final de la publicación el lector encontrará un glosario, una tabla con la visión general de los indicadores y métricas de calidad, una lista de control con los pasos más importantes para mejorar la calidad de los datos y metadatos y una lista de bibliografía.

Analizamos la plena inclusión de los costes de la vivienda ocupada por el propietario (OOHC) en el índice de precios al consumo armonizado de la UE (IPCA). Repasamos brevemente los principales métodos utilizados para incluir estos costes en los índices de precios de consumo y, en particular, las razones por las que las autoridades de la UE prefieren adoptar el enfoque de las adquisiciones netas en lugar del de la equivalencia de los alquileres, como hicieron otros países importantes. También argumentamos que en el escenario actual sería deseable una aceleración de la hoja de ruta de la UE hacia la plena inclusión de los OOHC en el IPCA. Este documento ha sido facilitado por el Departamento de Políticas Económicas, Científicas y de Calidad de Vida a petición de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) con vistas al Diálogo Monetario con el Presidente del BCE del 15 de noviembre de 2021.

Este documento se integra en una serie de estudios que, desde una perspectiva de Derecho Comparado, tienen como objeto analizar el derecho a la salud en diferentes ordenamientos jurídicos. Tras la explicación de la normativa y la jurisprudencia de aplicación, se examinan el contenido, los límites y la posible evolución de dicho derecho. El presente trabajo examina la naturaleza y evolución del derecho a la salud en el ordenamiento jurídico español, consagrado en el artículo 43 de la Constitución española. A tal fin, el trabajo examina en primer lugar su origen histórico en Derecho español, así como su desarrollo en el ordenamiento jurídico positivo y en la doctrina jurisprudencial del TC.