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La demanda se refiere a las alegaciones de que las autoridades nacionales evaluaron erróneamente la gravedad de la discapacidad del demandante, privándole así de la posibilidad de beneficiarse de un asistente personal, y de que el procedimiento relativo a dicha evaluación había durado demasiado tiempo. Se comunicó en virtud de los artículos 8 y 6 § 1 del Convenio, respectivamente.

El caso se refiere a las quejas de la demandante, en virtud del artículo 8 del Convenio, de que el Estado no cumplió con sus obligaciones reglamentarias, de que los fallos en su tratamiento en un hospital público provocaron complicaciones médicas que la dejaron permanentemente discapacitada, y de que no se le informó adecuadamente de los riesgos del procedimiento médico al que se sometió. También se refiere a su queja de que no existía ningún mecanismo efectivo que le permitiera obtener una indemnización por los daños sufridos.

la citada demanda contra la Federación de Rusia presentada ante el Tribunal en virtud del artículo 34 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales («el Convenio») por una nacional rusa, la Sra. Anastasiya Olegovna Kramareva («la demandante»), el 19 de diciembre de 2017; la decisión de notificar al Gobierno ruso («el Gobierno») la reclamación relativa a la participación del fiscal en el procedimiento civil y de declarar inadmisible el resto de la demanda.

El demandante solicitó el acceso a los registros presidenciales clasificados como parte de la investigación para un libro que estaba escribiendo sobre la fundación de la República de Croacia. El Presidente de la República decidió no desclasificar algunos de los documentos solicitados, invocando la necesidad de evitar un daño irreparable a la independencia, integridad y seguridad nacional de la República de Croacia, así como a sus relaciones exteriores. El demandante se queja de esta denegación de acceso a los documentos y se basa en el artículo 10 y en el artículo 6 § 1 del Convenio.

La solicitud se refiere, en particular, a la duración supuestamente excesiva de la detención del demandante a la espera de su extradición (artículo 5, apartado 1, letra f), del Convenio).

El asunto se refiere a la condena del demandante por una infracción administrativa por no haber acatado la orden de la policía de retirar la pancarta que había desplegado durante un acto público organizado por terceros.

Las solicitudes se refieren a la supuesta discriminación por parte del Estado demandado contra los ajedrecistas ciegos, sus propios nacionales, que habían ganado medallas en eventos internacionales importantes, en comparación con todos los demás atletas y ajedrecistas serbios, con o sin discapacidades, que habían obtenido galardones similares, a la hora de disfrutar de determinados beneficios económicos y premios por sus logros, así como de un reconocimiento formal de los mismos.

El caso se refiere al supuesto incumplimiento por parte de los tribunales nacionales de ciertos requisitos procesales en virtud del artículo 5 § 4 del Convenio, en particular en relación con el derecho a una audiencia oral y a un procedimiento contradictorio en el contexto de la revisión de la objeción de los demandantes a su detención preventiva, y la supuesta ausencia de un derecho exigible a una indemnización en virtud del artículo 5 § 5 del Convenio.

El caso se refiere a una reclamación en virtud del artículo 8 del Convenio en relación con un procedimiento en el que se decidió no levantar una orden de custodia respecto de los dos hijos de la primera demandante, los segundos y terceros demandantes; retirar la responsabilidad parental de la primera demandante respecto de sus dos hijos; y denegar su derecho de visita respecto de sus hijos.

El caso se refiere principalmente a la queja de la demandante, en virtud del artículo 2 del Convenio, de que no se llevó a cabo ninguna investigación efectiva sobre el suicidio de su marido, que tuvo lugar el día siguiente a su interrogatorio por la policía como testigo en un caso que implicaba a un amigo suyo.