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El presente caso se refiere, entre otras cosas, al enjuiciamiento de los demandantes por infracciones administrativas por llamar a otros electores elegibles a no votar por un partido político específico o a abstenerse de votar en las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2011, 2012 y 2018.

Los presentes asuntos se refieren a las quejas de los demandantes, en virtud del artículo 4 del Protocolo n.º 4 del Convenio y del artículo 13 del Convenio, sobre su retorno inmediato a Grecia tras haber cruzado ilegalmente al territorio de Macedonia del Norte en marzo de 2016, y a la supuesta falta de un recurso interno efectivo a este respecto, respectivamente.

Los presentes nueve recursos se refieren a la ejecución de una parte de la pena de prisión del demandante en un régimen penitenciario de seguridad especial y al marco jurídico que lo regula.

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 29, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (DO 2013, L 180, p. 31.; en lo sucesivo, «Reglamento Dublín III»).

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 58, apartado 4, de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO 2014, L 94, p. 65), en su versión modificada por el Reglamento Delegado (UE) 2017/2365 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2017 (DO 2017, L 337, p. 19) (en lo sucesivo, «Directiva 2014/24»), del artículo 8, apartado 3, del Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO 1995, L 312, p. 1), así como de los principios de seguridad jurídica y de efectividad.

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 16, letra l), de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2011, L 304, p. 64).

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; corrección de errores en DO 2015, L 137, p. 13).

Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 17, apartados 1, letra b), y 4, de la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (DO 2003, L 283, p. 51), al aplicar una normativa que concede una exención total del impuesto especial para los productos energéticos utilizados por las empresas de elevado consumo energético que participan en el régimen para el comercio de derechos de emisión de la Unión Europea.

Mediante su recurso de casación, el Sr. Lukaš Wagenknecht solicita la anulación del auto del Tribunal General, de 17 de diciembre de 2020, Wagenknecht/Comisión (T‑350/20, en lo sucesivo, «auto recurrido», no publicado, EU:T:2020:635), por el que este declaró la inadmisibilidad del recurso por omisión que el Sr. Wagenknecht había interpuesto con arreglo al artículo 265 TFUE, por el que solicitaba que se declarara que la Comisión Europea se había abstenido ilegalmente de actuar a instancia del propio Sr. Wagenknecht para adoptar medidas vinculantes y disuasorias para evitar o hacer frente al supuesto conflicto de intereses del Sr. Andrej Babiš, primer ministro de la República Checa.

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº. 1698/2005 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 487; corrección de errores en DO 2016, L 130, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2017 (DO 2017, L 350, p. 15) (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 1305/2013»).