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El documento presenta las conclusiones de un estudio sobre las medidas de política exterior adoptadas por la Unión Europea y los socios afines para hacer frente a la esclavitud moderna en terceros países. El estudio pretende apoyar al Parlamento Europeo en el seguimiento de la acción exterior de la UE e iniciar el perfeccionamiento de los instrumentos de política exterior existentes o la adopción de otros nuevos en relación con el trabajo forzoso y la esclavitud moderna. El estudio ofrece una revisión de los diferentes instrumentos de política exterior de que dispone la UE para contribuir a la erradicación de la esclavitud moderna y el trabajo forzoso en terceros países, y evalúa los factores que contribuyen a la eficacia de estas medidas en la práctica y los que la inhiben.

In accordance with Article 68 of the Rules of Procedure, the Court of Justice publishes this collection in the official languages of the Communities: Spanish, Danish, German, Greek, English, French, Italian, Dutch, Portuguese, Finnish and Swedish, the language of the case being specified.

El Tribunal de Justicia publica esta Recopilación, con arreglo al artículo 68 del Reglamento de Procedimiento, en las lenguas oficiales de las Comunidades: español, danés, alemán, griego, inglés francés, italiano, neerlandés, portugués, finés y sueco, precisándose la lengua de procedimiento.

La UE utiliza la integración diferenciada para facilitar la legislación en contextos de pronunciada heterogeneidad internacional de preferencias y capacidades de integración. Parece sencillo esperar que la ID aumente el cumplimiento. Si suponemos que los Estados miembros que no están de acuerdo con los objetivos de una determinada legislación, o que tienen los problemas más graves de capacidad y de costes para aplicarla, son también los más propensos a incumplirla, entonces eximir a estos Estados miembros de la obligación de cumplirla mejora el historial de cumplimiento de cualquier disposición legal. Además de la diferenciación jurídica, la UE dispone de instrumentos alternativos para gestionar las diversas preferencias y capacidades en la aplicación de la legislación comunitaria, que pueden resumirse bajo el epígrafe «aplicación flexible», que -a diferencia del DI- obliga a todos los Estados miembros a cumplir una disposición jurídica, pero les concede discrecionalidad y margen de maniobra en la aplicación real. La cuestión es, pues, cómo se compara el historial de cumplimiento de la legislación diferenciada con la legislación de aplicación flexible.

Malasia e Indonesia son países de mayoría musulmana con una importante presencia de otras religiones como el cristianismo, el hinduismo, el budismo y el taoísmo. Ambos países se enfrentan a importantes retos en la gestión de la diversidad religiosa y en la lucha contra la radicalización de inspiración religiosa. Este informe político ofrece una visión de los éxitos y las concesiones de ambos países en sus esfuerzos por abordar estos desafíos. Mientras que la militancia islamista ha sido más pronunciada en Indonesia, la islamización vertical e impulsada por el Estado está aumentando en Malasia, infringiendo las libertades civiles tanto de los musulmanes como de los no musulmanes.

Como parte de la respuesta del Grupo BEI a la pandemia, nos hemos implicado plenamente en el despliegue del Fondo Europeo de Garantía (FEAG), desplegando cantidades récord de financiación a lo largo del año. El FEAG ha impulsado el FEI como nunca antes. Hemos puesto todo nuestro empeño en su despliegue, haciendo posible lo imposible en los 12 meses de 2021, con el objetivo de poner a disposición de las empresas europeas que se enfrentan a las consecuencias económicas de la pandemia la mayor cantidad de financiación posible. Se han firmado un total de 295 operaciones, que representan compromisos por valor de 26 200 millones de euros, incluyendo tanto los recursos del FEAG como la cobertura del riesgo principal del BEI. A fin de cuentas, lo importante es que estas transacciones pondrán a disposición de las empresas europeas nada menos que 115 000 millones de euros en su camino hacia la recuperación. Este esfuerzo ha ido más allá de la actividad normal del FEI, impulsando nuestros compromisos totales para 2021 hasta algo más de 30 500 millones de euros, una cifra que duplica con creces los resultados del año pasado, que fue un récord en sí mismo.

¿Cómo pueden desarrollarse las relaciones entre el Estado y la religión de forma que se fomente el compromiso democrático y se actúe contra la radicalización sin interferir en el funcionamiento legítimo de las instituciones y organizaciones religiosas? La necesidad de responder a esta compleja pregunta ha cobrado urgencia a raíz de los ataques terroristas de gran repercusión de los últimos años y de las consiguientes respuestas políticas centradas en la lucha contra la radicalización. Nuestra evaluación de las medidas de lucha contra la radicalización en Bélgica, Francia, Alemania y el Reino Unido revela que los países de Europa Occidental no han dado hasta ahora una respuesta satisfactoria a la pregunta anterior. De hecho, estas medidas (que se repiten en gran medida en otros países occidentales) han impuesto restricciones indebidas a la religión pública -sobre todo al islam- sin producir beneficios apreciables.

El reciente aumento de los precios de la energía ha llevado a muchos gobiernos a introducir medidas de emergencia para reducir el impacto en las facturas de electricidad y gas de los consumidores. En su Comunicación REPowerEU del 8 de marzo de 2022, la Comisión Europea confirmó que la regulación de los precios puede utilizarse para mitigar el efecto del aumento de los precios de la energía en las facturas de los consumidores. Sin embargo, la mayoría de las intervenciones gubernamentales y a las que se refiere la Comisión son medidas para reducir los precios de la energía a los que se enfrentan los consumidores. Este tipo de medidas debilita los incentivos para ahorrar energía y, por lo tanto, va en contra de los objetivos más generales de la política energética de sostenibilidad y seguridad del suministro, incluida la reducción de la dependencia de la Unión Europea de Rusia. En este Policy Brief, se propone un enfoque más específico, basado en el pago de reembolsos a tanto alzado, que proteja a los consumidores pobres en energía de facturas energéticas inasequibles, al tiempo que mantiene los incentivos para ahorrar energía.

Europa se ha propuesto reducir su dependencia de las importaciones de gas ruso. Esta nota ofrece un análisis económico de un arancel sobre las importaciones de gas natural en la UE que ayudaría a alcanzar este objetivo. El punto de partida es que Gazprom tiene el monopolio de las exportaciones de gas de Rusia. La teoría comercial estándar implica que, incluso por motivos puramente económicos, un arancel sobre las importaciones de gas ruso sería beneficioso para Europa porque reduciría la curva de demanda a la que se enfrenta Gazprom y le induciría a bajar los precios. El modelo lineal estándar utilizado aquí, que tiene en cuenta la disponibilidad de suministros de GNL (gas natural licuado), confirma la regla general de que compensa aplicar un arancel a las importaciones de un monopolio extranjero y arroja estos resultados numéricos

En la Estrategia Europea de Datos, un objetivo central es garantizar que se pueda acceder a los datos digitales y utilizarlos en condiciones justas. El acceso y el uso de los datos es cada vez más una condición previa para hacer negocios. Este Estudio se centra en dos contextos en los que se produce ese problema. En primer lugar, el Estudio examina en qué medida los datos se comparten ya de forma justa en un contexto B2B. En segundo lugar, examina las prácticas contractuales actuales en el mercado de la nube. En lo que respecta a la puesta en común de datos, el estudio contribuye a la evaluación de impacto de la proyectada Ley de Datos. Sobre la base de los datos disponibles, se prefiere una política que incluya cláusulas contractuales modelo, pruebas de equidad para los acuerdos no negociados y una regulación de las modalidades.