Fondo Digital CDE

El Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados (FEAD), creado en 2014, tiene como objetivo aliviar las peores formas de pobreza en la UE y promover la inclusión social de las personas más necesitadas. El FEAD proporciona apoyo material y medidas de inclusión social a los grupos objetivo definidos a nivel nacional y complementa las acciones que se financian en el marco del FSE como actividades de inclusión social. El seguimiento es un componente esencial del FEAD, ya que los Estados miembros deben comunicar anualmente una serie de indicadores de entrada, salida y resultados. Los datos completos, proporcionados, oportunos y accesibles recogidos por las autoridades nacionales permiten evaluar los avances en la ejecución de los programas del FEAD y la evaluación intermedia y final de las actividades financiadas por el FEAD a nivel de la Comisión Europea.

El Consejo Europeo de Innovación (EIC) piloto se puso en marcha en 2018 para apoyar la innovación rompedora y la ampliación de las empresas emergentes europeas de tecnología avanzada con vistas a establecer un EIC completo para el Marco Financiero Plurianual 2021-2027. El estudio examina la forma en que se ejecutó el programa, los primeros resultados obtenidos y determina los obstáculos y los factores que impulsan la consecución de los objetivos del programa piloto EIC, proporcionando lecciones aprendidas para mejorar el EIC completo en Horizonte Europa.

Durante 2021, la incertidumbre provocada por el segundo año de la pandemia de Covid-19 seguía teniendo efectos en el sector financiero. Las medidas introducidas en 2020 para ayudar al sector a hacer frente a la crisis demostraron ser eficaces y las condiciones del mercado propiciaron el aumento de los depósitos cubiertos y permitieron a los bancos acumular sus reservas de recursos admisibles para cumplir sus requisitos mínimos de fondos propios y pasivos admisibles (MREL). No obstante, a lo largo de 2021, la Junta Única de Resolución (JUR) realizó un estrecho seguimiento de las entidades significativas y menos significativas (LSI). A lo largo del año, la JUR realizó progresos constantes hacia la consecución de resultados en sus cinco áreas de trabajo prioritarias (que se muestran en negrita a continuación).

En el mundo actual, marcado por importantes cambios de poder geopolítico y económico, el multilateralismo es el medio más eficaz para gobernar las relaciones mundiales de forma que beneficie a todos. Los crecientes desafíos globales, como la pandemia de COVID-19, el cambio climático, los conflictos y la pobreza extrema en muchas partes del mundo, hacen demasiado evidente la necesidad de una cooperación multilateral basada en los principios básicos del derecho internacional y los valores universales.

A la luz de estos retos y oportunidades, la Comisión Europea y la Alta Representante han presentado un un conjunto de propuestas políticas para una nueva agenda multilateral que permita obtener resultados para todos en el complejo mundo actual.

El 2 de julio de 2020, el Comité Europeo de las Regiones (CDR) recibió una Comunicación de la Comisión Europea sobre una «propuesta de Recomendación del Consejo sobre el refuerzo de la Garantía Juvenil y la sustitución de la Recomendación del Consejo de 22 de abril de 2013 sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil» (COM(2020) 277 final). La propuesta fue adoptada por el Consejo en octubre de 2020. Su objetivo es apoyar mejor el empleo juvenil en toda la Unión Europea (UE) en el contexto de la pandemia del COVID-19, que generó una elevada tasa de desempleo juvenil y aumentó el número de jóvenes que no cursan estudios, ni trabajan ni reciben formación (NEET). La Recomendación del Consejo sobre el refuerzo de la Garantía Juvenil (en adelante, la «Recomendación del Consejo de 2020») reorganizó significativamente sus directrices a través de cuatro fases diferentes: mapeo, alcance, preparación y oferta. En febrero de 2021, el CDR aprobó el Dictamen sobre «El apoyo al empleo juvenil: Un puente hacia el empleo para la próxima generación que refuerza la Garantía Juvenil» (en lo sucesivo, «Dictamen del CDR»), en el que se ofrece una perspectiva regional y local sobre la cuestión del desempleo juvenil y se formulan propuestas específicas en relación con la Recomendación del Consejo de 2020. En este contexto, el presente estudio pretende analizar la aplicación de la Recomendación del Consejo 2020 a nivel local teniendo en cuenta las cuatro fases mencionadas anteriormente y los elementos fundamentales que aborda el Dictamen del CDR, a saber, la cooperación entre los entes locales o regionales (ARL) y las partes interesadas pertinentes, la calidad de las ofertas, la movilidad, la territorialidad, la elaboración de políticas basadas en pruebas y la sostenibilidad de los puestos de trabajo mediante la mejora y la recualificación. Más concretamente, el estudio ofrece una visión general de los diferentes enfoques adoptados por una muestra representativa de proveedores locales de sistemas de Garantía Juvenil (Servicios Públicos de Empleo – SPE) con el fin de evaluar el nivel de coherencia con la Recomendación del Consejo de 2020 y proponer una comprensión de las razones por las que ciertos SPE aplican los sistemas de Garantía Juvenil de manera diferente a otros. También se destacan posibles buenas prácticas a través de estudios de casos.

Una información medioambiental precisa y completa es la base de cualquier política eficaz de desarrollo sostenible. Este informe resume por primera vez la situación del aire, el clima, el agua y el suelo en los Balcanes Occidentales, describiendo los conocimientos actuales a partir de 2021 y las lagunas con respecto al acervo de la UE, con el fin de: a) evaluar el progreso durante el proceso de adhesión, y b) apoyar la aplicación de la Agenda Verde para los Balcanes Occidentales, con especial referencia a las prioridades de descontaminación y descarbonización. Esta información también es relevante para la ambición de contaminación cero del Pacto Verde de la UE, ya que la descontaminación en los Balcanes Occidentales también reduce los niveles de contaminantes en los Estados miembros vecinos de la UE. A pesar de las mejoras significativas en la alineación de la legislación de seguimiento y notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los buenos avances en los ámbitos de la contaminación del aire y del agua en los últimos dos años, la aplicación del acervo de la UE sigue estando retrasada. La situación general de la calidad del aire en los Balcanes sigue siendo crítica y la tendencia de la contaminación suele ser al alza, a pesar de que la concentración de PM10 y PM2,5 ha disminuido en algunas zonas. Debido a su impacto dominante en la mortalidad, las PM2,5 pueden considerarse el principal contaminante a combatir en los Balcanes Occidentales. El sector energético, en particular las centrales eléctricas de carbón, es la principal fuente de emisiones de SO2 y CO2 y una fuente importante de otros contaminantes. Ofrece una oportunidad concreta de obtener beneficios conjuntos entre la calidad del aire y las políticas climáticas. El aumento de la intensidad y la frecuencia de las olas de calor estivales en las últimas décadas es un indicador del cambio climático en el BM y de la necesidad de diseñar planes de adaptación adecuados para hacerle frente. El estado de las masas de agua en los Balcanes Occidentales puede considerarse, en general, insatisfactorio. En el caso del estado químico, el 45 % de las masas de agua evaluadas no alcanzó el buen estado, mientras que en la evaluación ecológica el 54% no alcanzó el buen estado. Los estudios de casos sobre la resistencia a los antibióticos, así como los estudios basados en los efectos de las mezclas de contaminantes, confirmaron que los ecosistemas acuáticos, especialmente los grandes ríos fluviales, están sometidos a una considerable presión antropogénica. La degradación del suelo es frecuente y extensa en toda la región del BM. La erosión del suelo es el proceso de degradación más importante, seguido de la contaminación del suelo. Las prácticas insostenibles de gestión de la tierra y las causas naturales de la degradación del suelo en la región están interrelacionadas. Para avanzar en la aplicación de la legislación medioambiental es necesario mejorar la integración de las medidas medioambientales en las políticas sectoriales clave (por ejemplo, producción de energía, eficiencia energética, industria, transporte). Este principio se refleja en la Agenda Verde para los Balcanes Occidentales y en la nueva estrategia de la UE sobre el suelo. Debido a la superficie relativamente pequeña de los Balcanes Occidentales y a las interconexiones entre los ecosistemas a través y más allá de la región, es esencial reforzar la cooperación regional e internacional para implicar a todos los actores y partes interesadas pertinentes en el diseño y la aplicación de las políticas medioambientales.

El informe presenta la situación de la fiscalidad en la UE. El informe pretende describir las reformas más recientes y los principales indicadores utilizados por la Comisión Europea para evaluar los avances en las políticas fiscales de los Estados miembros y de la UE. El informe ofrece información sobre las principales prioridades fiscales de la UE: fomentar la innovación y la productividad; contribuir a la equidad social y la prosperidad; hacer que las administraciones fiscales sean más eficaces y eficientes y garantizar una buena cooperación entre las administraciones fiscales. Además, a la vista de la transición digital y ecológica y de varias novedades fiscales importantes en la UE y a nivel internacional, el informe se centra en profundidad en tres temas: la fiscalidad ecológica y su contribución a la lucha contra el cambio climático y el apoyo a objetivos medioambientales ambiciosos; la transición digital, y su efecto en los sistemas fiscales, en términos de normas fiscales, recaudación de ingresos fiscales y administración fiscal; y la fiscalidad de las empresas en el siglo XXI.

La Autoridad Laboral Europea se creó como organismo de la UE mediante el Reglamento (UE) 2019/1149 del Parlamento Europeo y del Consejo, que entró en vigor el 31 de julio de 2019. La Autoridad tiene el mandato de asistir a los Estados miembros y a la Comisión en su aplicación y ejecución efectivas relacionadas con la movilidad laboral y la coordinación de los sistemas de seguridad social para lograr una movilidad laboral justa y efectiva dentro de la UE. En la consecución de sus objetivos, la ELA está gobernada por el Consejo de Administración, el Director Ejecutivo y el Grupo de Partes Interesadas. Internamente, la Autoridad está organizada en cinco unidades, tres de ellas operativas (Unidad de Ejecución y Análisis, Unidad de Apoyo a la Cooperación y Unidad de Información y EURES) y dos horizontales (Unidad de Gobernanza y Coordinación y Unidad de Recursos). En 2021, la Autoridad consiguió garantizar un crecimiento y una transformación continuos, a pesar de la pandemia en curso, cumpliendo así con éxito su mandato.

Este trabajo evalúa las dificultades financieras de las empresas en términos de liquidez y riesgo de insolvencia debido a la pandemia del COVID-19. Desarrollamos un novedoso enfoque multivariante para obtener datos mensuales sobre la facturación sectorial, explotando los datos en tiempo real para captar el carácter atípico de las perturbaciones específicas del sector. Al combinar estos datos con los estados financieros de las empresas, evaluamos el impacto financiero de la pandemia en el sector empresarial de la UE. Nuestra definición de riesgo de insolvencia tiene en cuenta no sólo la posición patrimonial de las empresas, sino también los riesgos relacionados con el sobreendeudamiento. El análisis intenta controlar las empresas que ya eran financieramente vulnerables antes de la pandemia, y que por lo tanto son propensas a entrar en riesgo de insolvencia también en ausencia de la agitación de COVID-19. Para el conjunto de la UE, el 25 % de las empresas agotaron sus reservas de liquidez a finales de 2021 (una fecha límite práctica del análisis, no un supuesto final de la pandemia). Por lo tanto, estas empresas se enfrentaron a mayores necesidades de liquidez a finales de 2021, algunas de las cuales probablemente se cubrieron con ayuda externa, pero en cualquier caso fueron un reto para el buen funcionamiento de la empresa. Además, el 10 % de las empresas viables antes de la crisis parecen haber pasado al estado de insolvencia como resultado de la crisis de COVID-19. Estos resultados parecen más destacados en los sectores que se vieron más afectados por la pandemia y las medidas de contención asociadas.

Este informe se realiza con los datos notificados por las CCAA a la Red Nacional de Vigilancia Epi demiológica (al sistema SiViEs), con los datos asistenciales de los hospitales y los datos de pruebas diagnósticas (sistema SERLAB) noti fic ados al Ministerio de Sanidad. El análisis de casos individualizados incluye los casos notificados con una prueba diagnóstica positiva de infección activa (en la primera onda se incluyeron también aquellos casos con diagnóstico por test de anticuerpos si el caso requirió hospitalización, ingreso en UCI o falleció con diagnóstico clínico de COVID-19). Cualquier actualización que realicen las CCAA quedará reflejada en los informes diarios. En España hasta la fecha se han notificado 12.973.615 casos confirmados de COVID-19 y 108.730 fallecidos.