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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 6, apartados 3 y 4, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO 2016, L 119, p. 1; en lo sucesivo, «RGPD»).

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 63, apartado 1, y 65, apartado 1, letra b), del TFUE del anexo I de la Directiva 88/361/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1988, relativa a la aplicación del artículo 67 del Tratado [CE] [(artículo derogado por el Tratado de Ámsterdam)] (DO L 178, p. 5), así como el artículo 1 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o para la financiación del terrorismo, por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO L 141, p. 73).

Este documento presenta la quinta edición del Índice de Competitividad Regional Europeo (ICR). Desde su primera edición, RCI 2010 (Dijkstra et al., 2011), el RCI se ha convertido en un índice muy citado y utilizado. Las primeras ediciones se centraron en captar las diferencias de competitividad entre regiones en un momento dado. Sin embargo, a medida que se publicaron más ediciones, el objetivo se amplió para captar los cambios a lo largo del tiempo de forma sólida. Esto planteó varios retos: la lista de indicadores ha cambiado con el tiempo; algunos indicadores ya no se recogen o han dejado de ser pertinentes; y se han añadido nuevos indicadores para captar nuevas cuestiones. Además, los cambios en las regiones de la Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS) 2 de Croacia, Irlanda, Lituania y Polonia han creado rupturas en las series temporales. Los países incluidos en el ICR también han cambiado. Croacia se añadió en la edición de 2013, y esta quinta edición es la primera que no incluye al Reino Unido. La composición cambiante de la UE significa que las ediciones anteriores no pueden utilizarse para una comparación temporal. Esta interrupción en la serie se aprovechó para reevaluar la metodología subyacente y recalcular las dos ediciones anteriores utilizando la metodología actualizada. Para destacar estos cambios, esta nueva versión se ha denominado «RCI 2.0».

Esta guía puede ayudar a las ciudades que deseen mejorar sus iniciativas en materia de derechos humanos. Su objetivo es promover que las autoridades locales adopten unos estándares sobre derechos humanos más rigurosos. Se trata de estimular y fomentar el aprendizaje mutuo sobre los derechos humanos y fundamentales. Esta guía es fruto de la colaboración entre la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), un grupo de ciudades de derechos humanos y un conjunto de profesionales de la Unión Europea (UE). La guía se inspira en las prometedoras prácticas y experiencias de una serie de ciudades, regiones, personas expertas, organizaciones internacionales y redes que pueden encontrarse en el informe de la FRA «Human rights cities in the EU: A framework for reinforcing rights locally» («Ciudades de derechos humanos en la UE: un marco para reforzar los derechos a escala local»).

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del punto 2.1 de la norma 1 del anexo del Reglamento (CE) n.º 1685/2000 de la Comisión, de 28 de julio de 2000, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1260/1999 del Consejo en lo relativo a la financiación de gastos de operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales (DO 2000, L 193, p. 39), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 448/2004 de la Comisión, de 10 de marzo de 2004 (DO 2004, L 72, p. 66) (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 1685/2000»).

Este estudio apoya una primera identificación de los ámbitos económicos y productivos que podrían considerarse en la selección de las áreas prioritarias para una Estrategia de Especialización Inteligente en Kosovo. Incluye un análisis tanto cuantitativo como cualitativo que identifica una serie de industrias y subáreas que se explorarán más a fondo en el siguiente Proceso de Descubrimiento Empresarial (PDE), uno de los principales pasos en el diseño de una estrategia de Especialización Inteligente. El estudio cartográfico cuantitativo se basa en una combinación de diferentes metodologías estadísticas y explora el potencial económico, científico y de innovación de Kosovo, mientras que el análisis cualitativo recurre a consultas públicas y entrevistas.

Decisión de la Comisión, de 25 de febrero de 2016, por la que se crea un Comité científico, técnico y económico de pesca, C(2016) 1084, DO C 74 de 26.2.2016, p. 4-10. La Comisión puede consultar al grupo sobre cualquier asunto relacionado con la biología marina y pesquera, la tecnología de los artes de pesca, la economía de la pesca, la gobernanza de la pesca, los efectos de la pesca en los ecosistemas, la acuicultura o disciplinas similares. Este informe es del EWG 22-13 sobre «Normas de comercialización: revisión de los criterios / indicadores de sostenibilidad propuestos para la acuicultura (STECF-22-13)», que se reunió en Bruselas del 5 al 9 de septiembre de 2022.

En las últimas décadas, los productos de las TIC han permitido que nuestra sociedad sea más inteligente y esté más conectada, ofreciendo nuevas ventajas a los consumidores y creando oportunidades para las empresas de toda la UE. Mientras tanto, la omnipresencia de los productos TIC en el mercado único de la UE ha planteado retos imprevistos no sólo a los usuarios de tales productos, sino también a la sociedad en general. En los últimos años, la UE ha emprendido varias iniciativas con el objetivo de mejorar la legislación en torno a la ciberseguridad de los productos.

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la validez del artículo 9 bis del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 282/2011 del Consejo, de 15 de marzo de 2011, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2011, L 77, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1042/2013 del Consejo, de 7 de octubre de 2013 (DO 2013, L 284, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento de Ejecución n.º 282/2011»).

La presente petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 11, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000 (DO L 338, p. 1), así como los artículos 22 y 24, el artículo 27, apartado 6, y el artículo 28, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo, de 25 de junio de 2019, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y a la sustracción internacional de menores (DO 2019, L 178, p. 1, y corrección de errores DO 2020, L 347, p. 52), interpretados a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).