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El 7 de septiembre de 2015 se notificaron al Gobierno las denuncias relativas a los supuestos malos tratos policiales, la investigación ineficaz de las alegaciones pertinentes y la injusticia de las actuaciones penales contra el demandante, y el resto de la solicitud se declaró inadmisible de conformidad con el párrafo 3 del artículo 54 del Reglamento del Tribunal.

El caso se refiere a la supuesta injusticia de las actuaciones penales llevadas a cabo contra el demandante debido a la forma en que se obtuvieron y utilizaron las principales pruebas en su contra.

La demandante alegó que la negativa de los tribunales nacionales a sancionar a un periódico por un artículo en el que se comentaba lo que describía como su vida privada y sexual había constituido un incumplimiento por parte del Estado demandado de la obligación positiva que le incumbía en virtud del artículo 8 de la Convención de proteger su derecho al respeto de su vida privada y su reputación.

En virtud del artículo 41 del Convenio, el demandante reclamó inicialmente 34.100 euros (EUR) en concepto de daños pecuniarios. Esto incluía la cantidad confiscada, 31.000 euros. Dado que, según el demandante, el dinero confiscado había sido prestado, también reclamó, como parte del daño pecuniario sufrido, 3.100 euros que representaban la pena que había tenido que pagar por el retraso en el reembolso del préstamo. Por último, reclamó 2.000 euros en concepto de daños no pecuniarios.

El estudio evalúa el rendimiento y el funcionamiento de la Red Europea de Observación y Datos Marinos (EMODnet) . La evaluación de EMODnet se estructura en torno a seis criterios de evaluación: Pertinencia; valor añadido de la UE; eficacia; eficiencia; coherencia; y sostenibilidad.

Update no. 98 on the situation of Covid-19 with 221.447 cases diagnosed in Spain through a PCR test and 128.511 recovered, Italy 214.457 cases diagnosed, Germany 168.162 cases diagnosed, UK 202.359 cases diagnosed, France 174.224 cases diagnosed.

En su solicitud, la demandante se quejaba de que las autoridades nacionales no habían realizado una investigación rápida y eficaz de las circunstancias de la muerte de su hijo. La demandante se basó en los artículos 2 y 13 de la Convención.

Basándose en el artículo 2 del Convenio, la demandante se quejó de que el Gobierno demandado no había protegido la vida de su hijo del envenenamiento letal por monóxido de carbono debido a que no había regulado ni supervisado adecuadamente el uso seguro de los aparatos domésticos que funcionaban con gas, y que la investigación sobre su muerte no había sido eficaz.

Las políticas de salud pública necesitan datos fiables sobre el estado de salud, el uso de la atención de salud y los determinantes de la salud de las encuestas de población de todos los Estados miembros de la UE y el EEE.

En cuestión de pocas semanas, la pandemia COVID-19 ha afectado profundamente la vida pública en torno al planeta. El virus es un desafío de salud pública de dimensiones sin precedentes. La primera preocupación de los gobiernos de todo el mundo es proteger la salud y la seguridad de sus ciudadanos. Pero también ha ha modificado completamente las perspectivas de la economía europea y mundial. Para contener el virus, los Estados miembros de la UE han tenido que adoptar medidas drásticas que han puesto a sus economías en un estado de hibernación. La actividad económica en la UE se redujo en alrededor de un tercio, prácticamente de la noche a la mañana. Sin estas medidas para contener la pandemia, sin embargo, el daño final para la sociedad y la economía sería sin duda mayor.