Fondo Digital CDE

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 2, apartado 2, y 5, apartado 1, de la Directiva 2011/64/UE del Consejo, de 21 de junio de 2011, relativa a la estructura y los tipos del impuesto especial que grava las labores del tabaco (DO 2011, L 176, p. 24), así como de determinadas disposiciones de la nomenclatura combinada que figuran en el anexo I del Reglamento (CEE) n.º 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO 1987, L 256, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.º 1006/2011 de la Comisión, de 27 de septiembre de 2011, (DO 2011, L 282, p. 1), el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 927/2012 de la Comisión, de 9 de octubre de 2012 (DO 2012, L 304, p. 1), el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1001/2013 de la Comisión, de 4 de octubre de 2013 (DO 2013, L 290, p. 1), y el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1101/2014 de la Comisión, de 16 de octubre de 2014 (DO 2014, L 312, p. 1).

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 5, apartado 6, y 17, apartado 2, letra a), de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO 1977, L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54)

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 63 TFUE a 65 TFUE, en relación con el artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a las ofertas públicas de adquisición (DO 2004, L 142, p. 12), así como con el artículo 87 de la Directiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de mayo de 2001, sobre la admisión de valores negociables a cotización oficial y la información que ha de publicarse sobre dichos valores (DO 2001, L 184, p. 1), en su versión modificada por la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010 y (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2014, L 173, p. 190)

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 9, apartado 1, 193 y 287 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 1), en su versión modificada por la Directiva 2013/43/UE del Consejo, de 22 de julio de 2013 (DO 2013, L 201, p. 4)

Mediante su recurso de casación, Edison SpA solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 7 de diciembre de 2018, Edison/EUIPO (EDISON) (T‑471/17, no publicada, EU:T:2018:887), con la que dicho tribunal desestimó su recurso contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 28 de abril de 2017 (asunto R 1355/2016‑5), relativa a la marca figurativa de la Unión EDISON.

Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del artículo 3 del Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una Internet abierta y se modifica la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas y el Reglamento (UE) n.º 531/2012 relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión (DO 2015, L 310, p. 1).

La infraestructura de SST en Estonia sigue siendo pobre. La eficacia del actual sistema de SST se ve menoscabada por la cobertura insuficiente de los servicios de salud ocupacional (SST), el débil diálogo social, la falta de datos estadísticos pertinentes y de actividades de investigación en la materia, la mala calidad de la evaluación de los riesgos y la continua ausencia de una Ley de seguros de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La indemnización por discapacidad laboral está integrada en el Plan de Seguro de Salud Pública; el sistema de seguro de discapacidad laboral es voluntario en Estonia y no es eficaz.

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) desempeñan un papel crucial en la economía finlandesa. El 99% de las empresas finlandesas que tienen empleados son pequeñas o medianas. Estas empresas emplean al 55 % de la fuerza de trabajo finlandesa. El 90 % de todos los lugares de trabajo tienen menos de 10 empleados. En total, hay aproximadamente 350 000 empresas privadas en Finlandia, mientras que aproximadamente 200 000 lugares de trabajo están bajo la supervisión de las autoridades de salud y seguridad ocupacional. En Finlandia, la Agencia Administrativa Regional del Estado (AVI) es responsable de la supervisión y dirección regional de la seguridad y la salud en el trabajo.

En lo que respecta a la legislación, la ley belga de «bienestar» de 19961 se basa en la Directiva Marco Europea 89/391. Durante 20 años esta ley trató de evolucionar para satisfacer las necesidades de prevención de la seguridad y la salud en el trabajo (SST) de las empresas en una sociedad cambiante. Las actividades de las empresas están cambiando constante y rápidamente de actividades industriales a actividades más terciarias y de servicios. Como resultado, los riesgos de seguridad y salud en el trabajo también están cambiando y para ello es necesario adaptar la legislación y las herramientas para hacer frente a los nuevos riesgos emergentes. Además, se necesita una mayor conciencia y conocimiento de los riesgos y la prevención.

Informe con propuestas y otros actos aprobados en el marco de un procedimiento legislativo