Mercado en la Unión Europea

En el presente caso, la demandante, futura madre de 20 años en el momento de los hechos, fue obligada por sus padres a interrumpir su embarazo después de que su pareja y futuro padre del niño fuera detenido como sospechoso de haber cometido un delito violento. La intervención médica fue realizada por un médico de guardia de un hospital público.

Las principales cuestiones en el presente caso son (i) si las autoridades no adoptaron medidas de protección para minimizar o eliminar los efectos de la contaminación supuestamente causada por el funcionamiento continuado de un vertedero cerca de los domicilios de los demandantes en la ciudad de Klin, en la región de Moscú, en violación de los derechos de los demandantes en virtud del artículo 8 del Convenio, y (ii) si los demandantes disponían de un recurso interno efectivo con respecto a dicha reclamación. Algunas de las demandas también plantean una cuestión relativa al derecho a la libertad de reunión pacífica en relación con sus protestas contra el vertedero.

El demandante era un demandado que no había tenido éxito en una acción de molestia que los demandantes habían financiado a través de un acuerdo de honorarios condicionales (un «CFA», o acuerdo «no win no fee») y un seguro «after the event» («seguro ATE»), que tenía por objeto asegurar su responsabilidad de pagar las costas de los demandados. Se queja, en virtud del artículo 6 del Convenio y del artículo 1 del Protocolo nº 1, del hecho de que, en virtud de la Ley de Acceso a la Justicia de 1999, la condena en costas dictada en su contra incluía tanto los «honorarios de éxito», destinados a compensar a los abogados que trabajaban en el marco de un CFA por los casos infructuosos por los que no serían pagados, como la prima del ATE.

El caso se refiere a las quejas de los demandantes en virtud del artículo 6 § 1 del Convenio de que no se les dio tiempo suficiente para impugnar la composición de un grupo de expertos, de que el informe pericial elaborado en el curso del procedimiento sobre la base del cual los tribunales nacionales decidieron el caso carecía de neutralidad, y de que las quejas de los demandantes a este respecto no fueron debidamente tratadas por los tribunales.

El caso se refiere a la muerte del hijo del demandante durante el servicio militar obligatorio como consecuencia de que las autoridades no evaluaron adecuadamente su estado de salud durante su reclutamiento, así como la investigación subsiguiente. Plantea cuestiones relacionadas con el artículo 2 del Convenio.

El 4 de agosto de 2014 el juzgado de instrucción requirió al distribuidor que identificara y localizara a la técnica que había firmado el informe de inspección del ventilador con fecha 15 de marzo de 2011. El distribuidor identificó a la técnica, informó al tribunal de que estaba de baja por maternidad y facilitó los datos de otro técnico que había participado en la inspección. Este segundo técnico declaró como testigo el 27 de febrero de 2015, más de seis meses después del auto inicial del juzgado. El técnico declaró que la empresa nunca había suministrado ningún equipo caducado, pero que la demandante había hecho peticiones extraordinarias de suministros, que siempre se le entregaban, y que era posible que algunos de esos suministros hubieran caducado en su domicilio. El técnico también explicó que la pieza en T no podía ser de adulto porque no se habría ajustado al ventilador pediátrico desde el principio, y el equipo suministrado era adecuado. No era consciente de que el respirador había fallado realmente.