Mercado en la Unión Europea

la demanda se refería a la condena del demandante en virtud del artículo 114j del Código Penal, en relación con la Orden Ejecutiva núm. 1200, de 28 de septiembre de 2016, por la que se prohíbe la entrada o la estancia en determinadas zonas de conflicto (en lo sucesivo, «la Orden Ejecutiva» o «la Orden Ejecutiva de 2016»), por haber entrado y fijado su residencia en el distrito de al-Raqqa, en la provincia siria de Raqqa, sin permiso de la policía y sin ningún propósito legítimo. El demandante fue condenado a seis meses de prisión.

Las solicitudes se refieren a la interrupción de los procedimientos penales contra terceros porque las investigaciones prescribieron debido a la inacción de las autoridades. Así pues, los demandantes (que eran parte en el procedimiento en calidad de perjudicados) se quejaron, en virtud del artículo 6, de que no podían hacer que se resolvieran sus reclamaciones civiles durante el procedimiento penal, como les correspondía por ley.

El caso se refiere a la equidad del proceso penal iniciado contra el demandante por interferir en los procedimientos judiciales y a las conclusiones supuestamente arbitrarias de los tribunales nacionales al respecto.

En su demanda, el demandante alegaba que, como viudo que criaba solo a sus hijos desde el fallecimiento de su esposa, había sufrido una discriminación con respecto a las viudas que cuidaban solas a sus hijos, dado que había perdido el derecho a la pensión de viudedad cuando su hija menor había alcanzado la mayoría de edad, mientras que la pensión correspondiente seguía abonándose a las viudas con hijos de la misma edad.

La cuestión principal en el presente caso es si las autoridades no adoptaron medidas de protección para minimizar o eliminar los efectos de la contaminación atmosférica industrial en la ciudad de Lipetsk, en violación del derecho de los demandantes al respeto de su vida privada en virtud del artículo 8 del Convenio.

El caso se refiere a un «ataque de asalto» contra la empresa demandante, es decir, la supuesta incautación ilegal de sus bienes con la ayuda de tribunales y organismos policiales presuntamente corruptos.