Mercado en la Unión Europea

el caso se refiere a las quejas de la demandante, en virtud de los artículos 2, 3 y 8 del Convenio, de que las autoridades nacionales no protegieron su integridad física al dejar sin efecto las medidas cautelares impuestas a su ex marido violento y de que no tuvo la posibilidad de impugnar esa decisión ante los tribunales nacionales.

El presente asunto se refiere a la pérdida de la custodia de sus dos hijos, los demandantes tercero y cuarto, por parte de los demandantes primero y segundo, después de que el primero fuera procesado y absuelto por abuso sexual de los niños.

El demandante se quejaba de haber sido desalojado de un piso que ocupaba como inquilino por no haber pagado las rentas atrasadas a raíz de una sentencia dictada por un tribunal de primera instancia en el marco de un procedimiento sumario que no había respondido debidamente a todas sus alegaciones. También se quejó de que posteriormente había presentado un recurso ante el Tribunal de Apelación que no había sido admitido por no haber pagado el alquiler que debía al arrendador antes de presentar el recurso, como exige el Derecho interno y a pesar de haber recibido asistencia jurídica gratuita. La cuestión principal que se plantea es si se ha respetado el derecho del demandante a acceder a un tribunal en virtud del artículo 6 § 1 del Convenio.

El caso se refiere a una decisión de los tribunales nacionales por la que se ordenó al demandante que se retractara de una declaración que había hecho en una entrevista, después de que los tribunales consideraran que era falsa y difamatoria. El demandante denunció que la declaración en cuestión era un juicio de valor y que la orden de retractarse había violado su derecho a la libertad de expresión, en contra del artículo 10 del Convenio.

El caso se refiere a una orden del tribunal nacional por la que se prohibió a la primera demandante ver al segundo demandante (su pareja, con quien posteriormente tuvo otro hijo) en presencia de su hijo, de un matrimonio anterior, que vivía con ellos. Plantea cuestiones relacionadas con los artículos 6 y 8 del Convenio.

El caso se refiere a los derechos de voto de los demandantes, registrados como votantes de minorías nacionales para las elecciones parlamentarias de 2014. Plantea cuestiones en virtud del artículo 3 del Protocolo n.º 1 del Convenio.