Mercado en la Unión Europea

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 1, 2 y 6 de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO 2000, L 303, p. 16), en relación con el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).

Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que :

– al exigir la elaboración de planes de acción, como establece el artículo 8, apartados 1 y 2, de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental (DO L 189, p. 12), para las zonas en las que no se superen los valores límite de ruido, únicamente a partir del 18 de julio de 2024;

– al no haber exigido que dichos planes de acción incluyeran los resultados de las consultas públicas organizadas con arreglo al artículo 8, apartado 7, de la Directiva 2002/49, así como las acciones previstas por las autoridades competentes para los cinco años siguientes con el fin de preservar las zonas tranquilas

– al no haber elaborado planes de acción para 20 grandes líneas ferroviarias

– al no haber elaborado planes de acción para 290 grandes ejes viarios, y

– al no haber presentado resúmenes de los planes de acción para estas 20 grandes líneas ferroviarias y 290 grandes ejes viarios,

La República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 8, apartados 1, 2 y 7, del artículo 10, apartado 2, y de los anexos V y VI, puntos 1, guiones séptimo y noveno, de la Directiva 2002/49

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 16, apartado 2, letra c), de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE (DO 2009, L 140, p. 16), en relación con el artículo 2, letras a) y e), de esa Directiva, y del artículo 5, apartado 3, párrafo segundo, de la misma Directiva.

Mediante su recurso de casación, el Consejo de la Unión Europea solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 21 de abril de 2021, El-Qaddafi/Consejo (T-322/19, EU:T:2021:206; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), por la que el Tribunal General anuló:

– Decisión de Ejecución (PESC) 2017/497 del Consejo, de 21 de marzo de 2017, por la que se aplica la Decisión (PESC) 2015/1333 relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Libia (DO 2017, L 76, p. 25);

– Decisión de Ejecución (PESC) 2020/374 del Consejo, de 5 de marzo de 2020, por la que se aplica la Decisión (PESC) 2015/1333 relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Libia (DO 2020 L 71, p. 14);

– Reglamento de Ejecución (UE) 2017/489 del Consejo, de 21 de marzo de 2017, por el que se aplica el artículo 21, apartado 5, del Reglamento (UE) 2016/44 relativo a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Libia (DO 2017, L 76, p. 3); y

– Reglamento de Ejecución (UE) 2020/371 del Consejo, de 5 de marzo de 2020, por el que se aplica el artículo 21, apartado 5, del Reglamento (UE) 2016/44 relativo a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Libia (DO 2020, L 71, p. 5), (conjuntamente, «los actos controvertidos»), en la medida en que dichos actos afectan a la Sra. Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi (en lo sucesivo, «Sra. El-Qaddafi»).

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (DO 2002, L 108, p. 33), en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 (DO 2009, L 337, p. 37) (en lo sucesivo, «Directiva marco»), del artículo 7 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización) (DO 2002, L 108, p. 21), en su versión modificada por la Directiva 2009/140 (en lo sucesivo, «Directiva autorización»), y del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 4 y 7, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil (DO 2014, L 189, p. 59), así como del artículo 55 del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1).