Mercado en la Unión Europea

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una de las siete instituciones europeas. Como institución judicial de la Unión, tiene por misión garantizar el respeto del Derecho europeo velando por la interpretación y la aplicación uniforme de los Tratados y controlando la legalidad de los actos adoptados por las instituciones, órganos y organismos de la Unión. La institución contribuye a preservar los valores de la Unión y a consolidar la construcción europea mediante su jurisprudencia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea está compuesto por dos órganos jurisdiccionales: el «Tribunal de Justicia» y el «Tribunal General».

Esta nueva edición 2022 del Manual es una versión actualizada de la edición publicada en agosto de 2019. En la edición actual, se ha modificado sustancialmente al menos un capítulo o sección de todas las partes (véase la lista completa de modificaciones en el prefacio del Manual), excepto la parte 5: Venta de activos.

Mediante su recurso, el Parlamento Europeo solicita al Tribunal de Justicia que anule el artículo 1, apartados 1 y 5, y los artículos 2 a 5, 7, 9 y 10 de la Decisión de Ejecución C(2020) 8797 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2020, por la que se concede una autorización parcial para determinados usos del trióxido de cromo con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Chemservice GmbH y otros) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), en la medida en que dichos artículos se refieren a las autorizaciones relativas a los usos 2, 4 y 5 y al uso 1 en relación con la formulación de mezclas para los usos 2, 4 y 5.

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 101 TFUE, apartado 2, y del artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE y 102 TFUE] (DO 2003, L 1, p. 1).

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar (DO L 251, p. 12), de los artículos 23 y 24 de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas de cualificación para nacionales de terceros países o apátridas para ser admitidos o admitidas en el territorio de los Estados miembros y para que sus nacionales sean admitidos o admitidas en el territorio de la Comunidad (DO L 283, p. 1). 12), los artículos 23 y 24 de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional y al contenido de la protección concedida (DO L 337, p. 9), y los artículos 7 y 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).

La cohesión en Europa debe entenderse desde una perspectiva más amplia y fomentar la elaboración de políticas que vayan más allá del producto interior bruto (PIB). A la luz de los retos y objetivos políticos actuales, el bienestar o la calidad de vida, los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y la resiliencia deberían incluirse en el debate sobre la cohesión y, por tanto, sobre la política de cohesión de la UE. La política de cohesión después de 2027 podría beneficiarse de un vínculo más estrecho con los indicadores de bienestar y los ODS. Una revisión de los indicadores existentes muestra que ya existen varios indicadores compuestos, así como indicadores que podrían utilizarse, con ejemplos de índices de bienestar y ODS de los que aprender. Este informe ofrece algunas reflexiones.