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La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 392 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 1)

Los materiales ligeros tienen una relación resistencia/peso comparativamente más alta que los materiales convencionales y pueden dividirse en tres categorías principales: – Metales y aleaciones ligeras (por ejemplo, acero de alta resistencia, aluminio, magnesio, titanio) – Materiales compuestos de polímeros (por ejemplo, plásticos reforzados con fibra de carbono (CFRP), plástico reforzado con fibra de vidrio (GFRP)) – Polímeros (por ejemplo, policarbonato, polipropileno).

El presente caso se refiere a la protección de la vida privada y familiar de la demandante en el marco de un procedimiento por difamación que ésta inició contra varios editores de periódicos que habían publicado artículos sobre su hijo fallecido, acompañados de fotografías de éste.

Los dos presentes recursos se refieren a las restricciones impuestas a las cuentas bancarias de los demandantes y a la libertad de circulación del demandante por las autoridades nacionales. Los demandantes plantean diversas quejas en virtud de los artículos 6, 11, 13, 18 y 34 del Convenio, del artículo 1 del Protocolo nº 1 del Convenio y del artículo 2 del Protocolo nº 4 del Convenio.

El caso plantea una cuestión en relación con el artículo 8 en la medida en que las autoridades estatales, durante un período de más de dos años, dirigieron un tráfico de autopista extremadamente intenso durante el día y la noche a través de una carretera no equipada para tal fin que atravesaba el centro de una ciudad muy cercana al domicilio de los demandantes. Esto, según los demandantes, tuvo el efecto de exponerlos a graves molestias: ruido (que superaba las normas nacionales e internacionales), vibraciones y gases de escape.

El caso se refiere a la sanción del demandante por haber publicado declaraciones falsas sobre un candidato a las elecciones municipales.

El caso se refiere a una supuesta violación de la presunción de inocencia (artículo 6 § 2 del Convenio) durante un procedimiento de indemnización en relación con un coche que le había sido confiscado en el marco de un procedimiento de faltas por una infracción administrativa relacionada con las aduanas, tras el archivo del procedimiento de faltas por haber prescrito.

El demandante se quejaba, en particular, de que su despido del cargo de juez del Tribunal Supremo y las medidas que se le aplicaron en virtud de la Ley de limpieza gubernamental (depuración) habían vulnerado sus derechos en virtud del artículo 8 del Convenio.

El caso se refiere al internamiento del demandante en un hospital psiquiátrico sobre la base de una evaluación médica supuestamente obsoleta.

El caso se refiere a las quejas del demandante, en virtud del artículo 6 § 1 y del artículo 8 del Convenio, de que se habían realizado grabaciones encubiertas de sus conversaciones de forma ilegal y se habían utilizado posteriormente como prueba en un procedimiento penal iniciado contra él por soborno. También planteó otras quejas relativas a dichos procedimientos penales.