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Por el presente informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones se describe cómo acelerar la acción climática europea hacia un futuro verde, justo y próspero.

La decimocuarta misión de vigilancia post-programa (PPS) en Irlanda se llevó a cabo de nuevo prácticamente debido a la pandemia de COVID-19. En ella participó personal de la Comisión Europea, en enlace con personal del Banco Central Europeo (BCE). El personal del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) participó en aspectos relacionados con el Sistema de Alerta Temprana del MEDE. Las reuniones tuvieron lugar del 22 al 25 de marzo de 2021, en forma de videoconferencias.

El presente informe resume las principales conclusiones de la décima misión de supervisión posterior al programa (PPS) para Chipre, que tuvo lugar del 8 al 18 de marzo de 2021. Dadas las restricciones de viaje relacionadas con la COVID-19, la misión se llevó a cabo en formato virtual, a través de vídeo y teleconferencias en las que participó el personal de la Comisión Europea, en coordinación con el personal del Banco Central Europeo (BCE). Las instituciones mantuvieron varias reuniones en línea con las autoridades chipriotas, los principales bancos y las empresas adquirentes de créditos. El alcance de este informe es más limitado de lo habitual. El personal del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) participó en las conferencias telefónicas sobre aspectos relacionados con el Sistema de Alerta Temprana del MEDE. El personal del Fondo Monetario Internacional (FMI) se unió también en el marco del Artículo IV.

Este informe presenta las conclusiones de la decimotercera misión de supervisión posterior al programa (SPP) de los servicios de la Comisión a Portugal, en colaboración con los servicios del BCE. Debido a las restricciones de viaje existentes, la misión se llevó a cabo en forma de reuniones de vídeo en línea del 15 al 19 de marzo de 2021. Desde la conclusión de la duodécima misión PPS en septiembre de 2020, los resultados económicos de Portugal resultaron algo mejores de lo previsto, a pesar de la gran contracción causada por la pandemia de COVID-19. Tras un fuerte repunte en el tercer trimestre de 2020, la recuperación económica se estancó hacia finales de 2020 y en el primer trimestre de 2021 debido a un nuevo pico de infecciones y a las restricciones resultantes. Sin embargo, se espera que el crecimiento se reanude a partir del segundo trimestre de 2021, ayudado también por la campaña de vacunación en curso. Las nuevas perspectivas a corto plazo sugieren que es probable que la economía vuelva a su nivel anterior a la crisis a mediados de 2022, aproximadamente medio año antes de lo previsto en la anterior revisión del PPS.

Este decimoquinto informe de supervisión tras la salida de España del programa de asistencia financiera en enero de 2014 ofrece una evaluación actualizada de la situación económica y financiera del país. El personal de la Comisión Europea, en coordinación con el Banco Central Europeo, celebró reuniones virtuales con las autoridades españolas a mediados de abril para preparar el presente informe. El MEDE participó en las reuniones en aspectos relacionados con su propio Sistema de Alerta Temprana. Tras las medidas de distanciamiento social y las restricciones de viaje relacionadas con la COVID-19, las reuniones se celebraron en forma de videoconferencias con las autoridades españolas. El informe se centra en la evolución macroeconómica y del sector financiero en los últimos meses, complementando la vigilancia de la Comisión en el marco del Semestre Europeo de coordinación de la política económica.

En el siguiente Anexo sobre subvenciones a la energía en la UE se cumplimenta el Informe sobre el estado de la Unión de la Energía

Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo y por la que se modifica la Directiva 93/12/CEE del Consejo

El sistema judicial español sigue haciendo frente a diversos desafíos. En particular, continúa la falta de renovación del Consejo del Poder Judicial ante la falta de acuerdo en las Cortes para renovar una serie de órganos constitucionales. Un avance positivo fue la retirada de una propuesta de reforma del sistema para seleccionar a sus miembros, que habría incrementado la percepción del Consejo como una institución vulnerable a la politización. En este contexto, se efectuaron llamamientos para establecer un sistema de elección en el que los jueces miembros del Consejo sean elegidos por sus homólogos en consonancia con las normas europeas. Es importante que se tengan en cuenta las normas europeas y se consulte a todas las partes interesadas pertinentes. También se ha expresado preocupación por la competencia del Tribunal Supremo en materia de responsabilidad penal de los puestos de alto nivel, así como por el régimen de incompatibilidades de los jueces y fiscales. Se han adoptado o están previstas diversas medidas destinadas a mejorar la calidad de la justicia, como la revisión del sistema de asistencia jurídica gratuita y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y la redacción de tres anteproyectos de ley sobre la eficiencia procesal, organizativa y digital. Se están logrando avances en materia de digitalización de la justicia. Se han llevado a cabo esfuerzos para abordar la acumulación de retrasos, como la creación de nuevas unidades judiciales, pero el bajo número de jueces por habitante constituye un reto. Se han reiterado las preocupaciones relativas a la autonomía del Ministerio Fiscal con respecto al Gobierno.

En el contexto de la respuesta a la crisis de COVID-19, la ABE ha detectado una fuerte aceleración de la digitalización de los procesos de front-office y back-office en el sector bancario y de pagos de la UE, con instituciones financieras que desarrollan o contratan cada vez más tecnologías de terceros para facilitar el acceso de los clientes a los productos y servicios financieros a través de medios digitales.

Las tecnologías digitales han hecho posible que muchos trabajadores realicen su trabajo en cualquier momento y lugar, con las consiguientes ventajas e inconvenientes. Los datos de Eurofound muestran que los teletrabajadores tienen el doble de probabilidades de sobrepasar el límite de 48 horas de trabajo, no descansar lo suficiente y trabajar en su tiempo libre, lo que repercute en su salud física y mental. Para hacer frente a este problema, se ha reclamado el «derecho a la desconexión». Este informe se basa en estudios de casos que describen la aplicación y el impacto del derecho a la desconexión en el lugar de trabajo.