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El caso se refiere a la negativa de las autoridades nacionales a conceder al demandante una indemnización por un inquilino que había ocupado su piso sin un título legal válido, lo que, según el demandante, equivalía a una injerencia en su derecho al disfrute pacífico de sus posesiones en virtud del artículo 1 del Protocolo nº 1 del Convenio.

La demanda se refiere a reclamaciones en virtud de los artículos 8 y 14 del Convenio relativas a un procedimiento entre la demandante y su ex pareja, y a un procedimiento contra las decisiones administrativas pertinentes, en relación con la patria potestad de un niño nacido por gestación subrogada.

La demanda, presentada en virtud de los artículos 6 § 1, 8, 10, 13 y 14 del Convenio y del artículo 1 del Protocolo nº 1 del Convenio, se refiere principalmente a la incautación y destrucción supuestamente ilegales de un manuscrito de un libro escrito por el demandante durante su detención y a la supuesta injusticia del procedimiento civil subsiguiente relativo a una reclamación de daños y perjuicios presentada por el demandante.

El presente asunto se refiere al enfoque aplicado por las autoridades checas para fijar la indemnización pagada a los demandantes por la expropiación de su propiedad y la proporcionalidad de su importe. El asunto plantea una cuestión en virtud del artículo 1 del Protocolo nº 1.

El asunto se refiere a la supuesta injerencia en los derechos del demandante en virtud del artículo 1 del Protocolo nº 1 del Convenio como consecuencia de la suspensión temporal de sus actividades de agente judicial (en relación con una investigación penal iniciada en su contra) y de las decisiones judiciales por las que se rechazó la consiguiente solicitud de indemnización del demandante.

El presente recurso se refiere a los malos tratos y la muerte del hijo de los demandantes, el soldado Ye.F., durante su servicio militar obligatorio, y a la investigación posterior.

Los demandantes son los familiares de una mujer asesinada por su marido, que la había estado acosando durante varios meses. Las principales cuestiones del caso son (a) si las autoridades tenían el deber de tomar medidas operativas razonables para proteger la vida de la mujer y, en caso afirmativo, si cumplieron con ese deber (cuestiones relacionadas con el artículo 2 del Convenio), y (b) si el supuesto incumplimiento de ese deber por parte de las autoridades fue resultado de su complacencia general hacia la violencia contra las mujeres y, por tanto, discriminatorio (cuestión relacionada con el artículo 14 del Convenio, leído conjuntamente con el artículo 2).

La demanda se refiere a la supuesta omisión por parte de las autoridades nacionales de proteger la vida del hijo del demandante durante su servicio militar y de llevar a cabo una investigación efectiva sobre su muerte.

El presente caso se refiere a las obligaciones positivas de las autoridades en virtud del artículo 3 en relación con el tratamiento médico de una persona con una enfermedad grave en su fase terminal, así como a la compatibilidad de dicha condición con la continuación de la detención. También se refiere, en virtud del artículo 5 § 3, a la supuesta insuficiencia de las razones dadas para la detención del demandante en espera de juicio.

El caso se refiere a las decisiones de las autoridades lituanas de rechazar las solicitudes de asilo presentadas por los demandantes y de expulsarlos a Tayikistán. Los demandantes se quejaron de que su expulsión les pondría en riesgo de sufrir malos tratos debido a la pertenencia del primer demandante a un partido político de la oposición prohibido.