Cultura y Educación

La función de la Fiscalía Europea (EPPO) es mejorar el nivel de protección de los intereses financieros de la Unión Europea (UE). Investigamos el fraude con fondos de la UE de más de 10 000 euros y el fraude transfronterizo del impuesto sobre el valor añadido (IVA) con daños superiores a 10 millones de euros. Todo fraude de este tipo cometido en los Estados miembros participantes después de noviembre de 2017 entra dentro de nuestra jurisdicción. En todos los Estados miembros participantes, nuestros fiscales tienen las mismas prioridades y aplican la misma política de enjuiciamiento, definida por el Colegio de la OEPP. Nos centramos en investigaciones transfronterizas complejas sobre delincuencia económica y financiera sofisticada, en particular cuando se trata de delincuencia organizada grave. En 2022, prácticamente finalizamos la tramitación de los casos pendientes abiertos por las autoridades nacionales antes de que empezáramos a ser operativos, y nos ocupamos de todas las nuevas denuncias sobre sospechas de fraude procedentes de todas las fuentes posibles. En total, recibimos 3.318 informes y abrimos 865 investigaciones, correspondientes a daños estimados en 9.900 millones de euros. La proporción de denuncias de particulares (58%) es muy elevada, y es expresión de las grandes expectativas que suscita la OEPP como órgano judicial de la Unión Europea. A 31 de diciembre de 2022, teníamos 1117 investigaciones activas: – El 16,5% de ellas se referían al fraude del IVA, por daños estimados en 6 700 millones de euros. – El 28,2% de ellas tenían una dimensión transfronteriza (actos cometidos en el territorio de varios países o que causaron daños a varios países). En 2022, la actividad de la OEPP dio lugar a una primera evolución positiva, en lo que respecta al nivel de detección de fraudes que afectan a los intereses financieros de la UE en algunos Estados miembros. Aunque no pudo observarse una dinámica comparable en el lado de las instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea, actualmente hay más investigaciones sobre el fraude a la UE iniciadas en los 22 Estados miembros participantes que la media histórica anterior a la creación de la OEPP. Esto es particularmente visible en el lado de los ingresos del presupuesto de la UE, con una mayor atención por parte de algunas autoridades nacionales que empieza a dar sus frutos, así como la OEPP que utiliza su «visión de helicóptero» y su capacidad para identificar vínculos que permanecían ocultos hasta ahora.

En marzo de 2021, la Agencia de Cooperación en materia de Justicia Penal de la Unión Europea (Eurojust) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) firmaron un acuerdo a nivel de servicios de cuatro años de duración destinado a reforzar la cooperación en el ámbito de los delitos contra la propiedad intelectual (CIP) y a proporcionar una respuesta más contundente contra los delitos contra la propiedad intelectual (PI) a escala de la UE. En el marco de este acuerdo, Eurojust inició la ejecución del proyecto CIP, una iniciativa novedosa destinada a mejorar la respuesta judicial contra la falsificación y la piratería -apoyando a los Estados miembros de la UE en investigaciones transfronterizas complejas en materia de CIP- y a contribuir a la labor de la EUIPO en el ámbito de las infracciones contra la propiedad intelectual. Para ello, el proyecto se centra en la creación, promoción e intercambio de conocimientos, herramientas y experiencia, así como en la sensibilización.

Este informe ofrece las conclusiones del estudio sobre «Los 50 mayores beneficiarios en cada Estado miembro de la UE de la PAC y los fondos de cohesión», elaborado a petición de la comisión CONT. A partir del análisis de más de 12 millones de beneficiarios de la Política Agrícola Común (PAC) en 2018 y 2019 y de unos 600 000 beneficiarios que reciben fondos de cohesión entre 2014 y 2020, identifica a los mayores beneficiarios directos y finales de los fondos de la UE. Además, recoge los resultados de una evaluación de casi 300 sistemas de divulgación pública de los beneficiarios de la PAC y de la política de cohesión. Por último, ofrece recomendaciones para mejorar la información pública sobre los beneficiarios de los fondos de la UE.