Cultura y Educación

La empresa demandante se quejaba de que una inspección de su domicilio social por parte del Consejo de la Competencia (Konkurencijos taryba) se había llevado a cabo de forma ilegal y desproporcionada y no había sido sometida a ningún control judicial posterior. Invocaba el artículo 6, apartado 1, el artículo 8 y el artículo 13 del Convenio.

El caso se refiere a la suspensión de los demandantes de sus puestos como fiscales, a supuestas deficiencias en los procedimientos relacionados y a la falta de recursos efectivos, así como a la supuesta divulgación de documentos a los medios de comunicación.

El caso se refiere a la supuesta educación segregada del demandante en una escuela primaria sólo para romaníes.