Cultura y Educación

El asunto se refiere principalmente a la cuestión de si una orden de demolición de un edificio construido ilegalmente que supuestamente había sido el único hogar de la demandante, madre soltera, y de sus hijos menores era «necesaria en una sociedad democrática» en el sentido del artículo 8 § 2 del Convenio, dado que ni la autoridad que dictó la orden ni el tribunal que la revisó posteriormente analizaron si la demolición sería proporcionada a la luz de las circunstancias individuales de la demandante.

Las cuestiones principales en este asunto son si el personal del colegio al que el demandante -un niño que tenía dificultades de comportamiento y al que posteriormente se le diagnosticó un trastorno hipercinético y un trastorno específico del desarrollo de las capacidades escolares- asistió en los cursos primero y segundo le discriminó al darle un trato menos favorable por razón de su discapacidad, en contra de lo dispuesto en el artículo 14 del Convenio, y se adaptó razonablemente a dicha discapacidad, como exige dicha disposición.

El asunto se refiere a la alegación del demandante de una injerencia injustificada en su derecho al respeto de su vida familiar como consecuencia de las decisiones de revocar su permiso de residencia y de imponerle una prohibición de entrada.