Mercado en la Unión Europea

El presente caso se refiere, entre otras cosas, al enjuiciamiento de los demandantes por infracciones administrativas por llamar a otros electores elegibles a no votar por un partido político específico o a abstenerse de votar en las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2011, 2012 y 2018.

Los presentes asuntos se refieren a las quejas de los demandantes, en virtud del artículo 4 del Protocolo n.º 4 del Convenio y del artículo 13 del Convenio, sobre su retorno inmediato a Grecia tras haber cruzado ilegalmente al territorio de Macedonia del Norte en marzo de 2016, y a la supuesta falta de un recurso interno efectivo a este respecto, respectivamente.

Los presentes nueve recursos se refieren a la ejecución de una parte de la pena de prisión del demandante en un régimen penitenciario de seguridad especial y al marco jurídico que lo regula.

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 29, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (DO 2013, L 180, p. 31.; en lo sucesivo, «Reglamento Dublín III»).

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 58, apartado 4, de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO 2014, L 94, p. 65), en su versión modificada por el Reglamento Delegado (UE) 2017/2365 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2017 (DO 2017, L 337, p. 19) (en lo sucesivo, «Directiva 2014/24»), del artículo 8, apartado 3, del Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO 1995, L 312, p. 1), así como de los principios de seguridad jurídica y de efectividad.

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 16, letra l), de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2011, L 304, p. 64).