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La demanda se refiere a las quejas formuladas en virtud del artículo 6, apartados 1 y 3, letras c) y d), del Convenio en relación con la supuesta injusticia del proceso penal seguido contra la demandante debido a la participación en la fase de instrucción de un abogado de oficio designado sin su conocimiento, y habida cuenta de que no se le dio la oportunidad de interrogar a los testigos de cargo.

El caso se refiere a la inclusión de la demandante en la lista de personas buscadas en ausencia de salvaguardias contra los abusos. La demandante denuncia una violación de sus derechos en virtud de los artículos 8 y 13 del Convenio.

El presente asunto, interpuesto con arreglo al artículo 1 del Protocolo nº 1, se refiere a la denuncia de la sociedad demandante de que la Administración tributaria le impuso sanciones desproporcionadas en relación con el acto cometido (a saber, la venta de mercancías por valor de 179 lei rumanos (RON) sin expedir recibos), interfiriendo así en su derecho al disfrute pacífico de las posesiones.

El presente recurso se refiere a una acción de protesta intentada por los demandantes -treinta activistas de Greenpeace, entre ellos dos periodistas independientes- en la plataforma de perforación petrolífera en alta mar Prirazlomnaya, situada en el mar de Pechora dentro de la zona económica exclusiva («ZEE») de la Federación de Rusia, y a su posterior detención y encarcelamiento.

El asunto se refiere principalmente a dos cuestiones relacionadas con el artículo 10 del Convenio. La primera es si la destitución de un Vicepresidente del Parlamento búlgaro a causa de unas declaraciones públicas suyas puede considerarse una «injerencia» en su derecho a la libertad de expresión en el sentido del artículo 10 § 1, en particular habida cuenta de la naturaleza de dicho cargo. La segunda cuestión es si puede considerarse que dicha destitución, que se basó principalmente en una declaración en la que justificaba «el Tribunal del Pueblo» – un tribunal penal extraordinario que funcionó durante el primer año de la toma del poder por los comunistas en Bulgaria en 1944-48 – cumple los requisitos del artículo 10 § 2 y, en particular, que era «necesaria en una sociedad democrática».

Los demandantes, que son jueces en activo, se quejaban de que sus reclamaciones de un pago retroactivo de la diferencia en sus salarios habían sido denegadas debido a que las enmiendas legislativas, en virtud de las cuales el factor multiplicador utilizado para calcular los salarios de los jueces había disminuido para el período 2011-2014, habían sido derogadas por el Tribunal Constitucional solo pro futuro. Se quejaban, en particular, de que la motivación de las decisiones de los tribunales nacionales había sido insuficiente (artículo 6 § 1 del Convenio), de que no se había satisfecho su expectativa legítima de percibir un salario completo durante el período en cuestión (artículo 1 del Protocolo n.º 1) y de que habían sido discriminados en comparación con otros funcionarios públicos y otros particulares (artículo 14 tomado en relación con el artículo 1 del Protocolo n.º 1).

La cuestión en el presente asunto es si el requisito establecido en la legislación nacional, como condición para tener derecho a la prestación por hijos a cargo, de que el progenitor resida legalmente discrimina a los solicitantes que se encuentran legalmente en el Estado pero a los que todavía no se ha concedido, o reconocido, el derecho a residir en él. Los demandantes invocan el artículo 8 del Convenio y el artículo 1 del Protocolo nº 1 del Convenio, en relación con el artículo 14.

El asunto se refiere a la supuesta falta de un marco normativo para el reconocimiento legal del cambio de marcador de sexo/género del demandante en el registro de nacimientos.

El asunto plantea una cuestión en virtud del artículo 1 del Protocolo nº 7 del Convenio y se refiere a la expulsión del demandante (un extranjero que residía legalmente) por motivos de seguridad nacional. El demandante se quejaba de que nunca se le habían comunicado detalladamente los motivos de la revocación de su permiso de residencia y de su expulsión.

El presente asunto se refiere a la desestimación por el Tribunal Constitucional del recurso de amparo interpuesto por los demandantes, en el que se quejaban de que el Parlamento no hubiera seguido el proceso de designación para nombrar un nuevo Consejo General del Poder Judicial a partir de una lista de candidatos, en la que figuraban sus nombres. Los demandantes se remitieron al artículo 6 del Convenio.