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Durante varios años, el demandante proporcionó a un periodista, a cambio de dinero, información sobre una prisión en la que trabajaba como funcionario de prisiones. Posteriormente, el periódico reveló su nombre a la policía en el marco de una investigación sobre las denuncias de pagos indebidos por parte de los periódicos a funcionarios públicos. El demandante fue procesado y condenado por mala conducta en un cargo público. Denuncia una violación de los artículos 7 y 10 del Convenio.

El caso se refiere principalmente a una supuesta violación del derecho a la vida privada del demandante, en virtud del artículo 8 del Convenio, por la publicación de, entre otras cosas, fotografías suyas, y las consiguientes decisiones de los tribunales nacionales que desestiman sus reclamaciones al respecto.

El demandante se quejó, en virtud del artículo 5 § 3, de la duración de su detención preventiva, y en virtud del artículo 6 § 1 y del artículo 13 del Convenio, de la excesiva duración del proceso penal contra él y de la falta de recursos efectivos para esta queja.

La cuestión principal en el presente caso es si el enjuiciamiento y la condena de los demandantes a raíz de su participación en una acción de protesta vulneraron sus derechos en virtud de los artículos 10 y 11 del Convenio. En 2004, los demandantes, que en ese momento eran miembros de una asociación (el Partido Nacional Bolchevique), participaron en una protesta pública contra la introducción de una nueva ley que sustituía las prestaciones sociales en especie por una escasa compensación monetaria. Fueron procesados y condenados por tomar las oficinas del Ministerio de Sanidad y Desarrollo Social en Moscú durante la protesta.

El caso se refiere a la prohibición del símbolo de las organizaciones demandantes, que se asemeja a una esvástica invertida, seguida de su disolución, supuestamente a petición del Gobierno chino. Plantea cuestiones en virtud de los artículos 9 y 11 del Convenio.

Basándose en el informe «Fomentar la denuncia de los delitos de odio: el papel de las fuerzas de seguridad y otras autoridades», la FRA expone en esta infografía por qué es tan importante la denuncia y qué debe cambiar para fomentarla.

Este informe examina por qué las víctimas no denuncian los incidentes motivados por el prejuicio y los obstáculos a los que se enfrentan cuando denuncian los incidentes a través de los sistemas nacionales de notificación de delitos. Mediante el mapeo de las prácticas existentes que influyen en las experiencias de las víctimas al denunciar la violencia y el acoso por motivos de prejuicio, se pretende aportar pruebas que apoyen los esfuerzos nacionales para fomentar y facilitar la denuncia y, en última instancia, ayudar a los Estados miembros a cumplir con sus obligaciones en materia de lucha contra los delitos de odio.

En 2015, equipos de expertos de Bélgica, Hungría y Suecia elaboraron un informe sobre simulaciones de la posible evolución de la adecuación de las pensiones, haciendo uso de modelos de microsimulación específicos de cada país y teniendo en cuenta las proyecciones demográficas y macroeconómicas elaboradas por el Grupo de Trabajo sobre Envejecimiento de la Población y Sostenibilidad (AWG).

Legislación aplicable, asistencia sanitaria transfronteriza, pensiones y desempleo en Luxemburgo (2019) estadísticas.

Legislación aplicable, asistencia sanitaria transfronteriza, pensiones y desempleo en Croacia (2019) estadísticas.