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En los últimos años, la Unión Europea ha incrementado sus esfuerzos para reforzar su capacidad de recuperación frente a las amenazas híbridas. Un modelo de preparación basado en las nociones de «toda la sociedad», «todo el gobierno» y «resiliencia de la sociedad» ha ganado terreno en la labor política de la UE. Aunque se han hecho algunos progresos, siguen existiendo muchos obstáculos y desafíos. La UE debe abordar las cuestiones conceptuales relacionadas con la cartografía de las amenazas híbridas para facilitar la adopción de contramedidas específicas y eficaces, así como las iniciativas para mejorar la resiliencia de la sociedad.

Este estudio analítico, solicitado por la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, examina el impacto de la delincuencia organizada en las finanzas de la UE. Teniendo en cuenta los gastos y los ingresos, la investigación sugiere que cada año se defrauda entre el 1% y el 2% del presupuesto de la UE. El estudio también evalúa las medidas adoptadas a nivel de la UE y de los Estados miembros para combatir el problema, y recomienda acciones para ayudar a reforzar estas medidas.

Este documento presenta el programa de trabajo anual de 2022 de la JUR, que establece los objetivos y prioridades de la agencia, como segundo año del programa plurianual (PPA) para 2021-2023. La JUR se ha comprometido a conseguir que los bancos sean resolubles para finales de 2023. Como parte de este esfuerzo, en 2022 la JUR trabajará con vistas a aplicar y hacer operativos los principios rectores establecidos en las Expectativas de la JUR para los Bancos (JER) y la política de requisitos mínimos de fondos propios y pasivos admisibles (MREL). Paralelamente, la JUR seguirá evolucionando como organización y trabajará para estar preparada para las crisis. Las prioridades de la JUR se centran en las siguientes cinco áreas estratégicas, en consonancia con el MAP 2021-2023.

La Comisión se encarga de la vigilancia de los Estados miembros de la zona del euro que salen de un programa de ajuste macroeconómico para garantizar que mantienen su estabilidad económica y financiera. Esta vigilancia beneficia a los Estados miembros y a sus prestamistas. Examinamos la concepción, la aplicación y la eficacia de la vigilancia ejercida por la Comisión de los cinco Estados miembros afectados: Irlanda, Grecia, España, Chipre y Portugal.

La Comisión se encarga de la vigilancia de los Estados miembros de la zona del euro que salen de un programa de ajuste macroeconómico para garantizar que mantienen su estabilidad económica y financiera. Esta vigilancia beneficia a los Estados miembros y a sus prestamistas. Examinamos la concepción, la aplicación y la eficacia de la vigilancia ejercida por la Comisión de los cinco Estados miembros afectados: Irlanda, Grecia, España, Chipre y Portugal.

La Inteligencia Artificial (IA) puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones para promover los objetivos del Pacto Verde Europeo. Sin embargo, los impactos ambientales adversos de la IA podrían poner en peligro la consecución de estos objetivos. El informe describe el potencial medioambiental, aclara las características y las causas de los riesgos medioambientales y esboza iniciativas y mejores prácticas para las políticas medioambientales. Ilustra la necesidad de una acción reguladora para alinear el diseño y el despliegue de la IA con los objetivos del Green Deal europeo y concluye con recomendaciones específicas.

Entre enero de 2019 y enero de 2021, el impacto de las acciones de desinformación y las respuestas a ellas fueron considerablemente diferentes a las de años anteriores. Nuestra investigación mostró que las acciones de desinformación se fusionaron cada vez más con contenidos genuinos, y sus fuentes se volvieron aún más difíciles de identificar. Se observaron impactos especialmente fuertes en los casos en que la desinformación y la propaganda manipuladora fueron difundidas por personas con altos niveles de autoridad política, que gozan de la confianza y la atención de los ciudadanos.

Este estudio, encargado por el Departamento de Política de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo a petición de la Comisión PETI, evalúa la situación del derecho de petición diez años después de la inclusión del principio de democracia participativa en los tratados de la UE. Tras contextualizar el derecho de petición dentro de la infraestructura participativa más amplia de la UE, su objetivo final es ofrecer una serie de recomendaciones destinadas a liberar su potencial democrático y superar al mismo tiempo sus principales limitaciones estructurales.

Este es el informe final del proyecto «Contrato de apoyo a una evaluación de impacto para modificar el Reglamento (CE) nº 1005/2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono», entregado bajo el contrato nº 340201/2019/815261/ETU/CLIMA.A.2. El informe presenta el trabajo realizado para la evaluación de impacto, incluidos los procesos de desarrollo y cribado de las opciones políticas que conducen a una lista corta de opciones. A continuación, esta lista restringida se analiza en una evaluación de impacto para valorar las repercusiones medioambientales, económicas y, en su caso, sociales.

En España, hasta el momento se han notificado un total de 5.366.128 casos confirmados de COVID-19 por PCR y 88.542 fallecidos.