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Decisión que resuelve el asunto en el la demandante presenta una denuncia por la negativa en reconocerle una pensión de viudedad en base a la falta de notificación al juez de su reconciliación tras
haberse separado judicialmente

El asunto se inició mediante una demanda (nº 23383/12) contra el Reino de España, interpuesta ante el Tribunal con arreglo al artículo 34 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (“el Convenio”) por Miguel Cuenca Zarzoso (“el demandante”), de nacionalidad española, el 13 de abril de 2012. 3. El demandante alegó una vulneración de su derecho al respeto a su domicilio, contrario al Artículo 8 del Convenio.

Caso en el que los demandantes alegan alegaban en particular haber sido víctimas de torturas y malos tratos en el momento de su arresto y durante la detención preventiva por parte de miembros de la Guardia Civil. Se quejaban especialmente de la ausencia de condena penal de los autores de estos actos e invocaban al respecto los artículos 3 y 6 § 1 del Convenio. Se estima una violación del artículo 3 en su aspecto procesal.

Caso tiene su origen en una demanda (55517/14) interpuesta ante el TEDH contra el Reino de España por cuatro nacionales de este Estado, el día 23 de julio de 2014, en virtud del artículo 34 del Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (“el Convenio”). Los demandantes se quejaban de una vulneración del artículo 6 § 1 del Convenio alegando no haber sido oídos por la jurisdicción de apelación.

Caso que recoge las demandas de los Sres. Enric Stern Taulats (demanda nº 51168/15) y Jaume Roura Capellera (demanda nº 51186/15) (“los demandantes”), respectivamente, el día 2 de octubre de 2015 en virtud del artículo 34 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (“el Convenio”) donde los demandantes alegan una vulneración del artículo 10 del Convenio y del artículo 9 del Convenio puesto en relación con el artículo 10.

El objetivo de este taller, celebrado el 22 de noviembre de 2017, fue discutir el futuro de la Agencia Europea de Defensa (AED) en el contexto de enmarcar una política de defensa común de la Unión.

Este estudio es el resultado del trabajo realizado por la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad de las Redes y la Información (ENISA) para el Panel de Evaluación de Opciones de Ciencia y Tecnología (STOA) del Parlamento Europeo con el objetivo de identificar riesgos, desafíos y oportunidades para la defensa cibernética en el contexto de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) de la UE.

Los intentos de avanzar hacia una defensa común han sido parte del Proyecto Europeo desde su inicio. Sin embargo, se ha logrado más en los últimos dos años que en los últimos 60 años.

Fondo Europeo de Defensa (COM (2018) 476 final).

Este informe analiza el Plan de Desarrollo de Capacidades (CDP) de la UE y sostiene que podría considerarse como el pegamento que puede mejorar la coherencia entre otras iniciativas de defensa. ¿Qué capacidades de defensa podría priorizar colectivamente la UE ahora y en el futuro en un contexto de recursos financieros finitos y tendencias estratégicas y tecnológicas en rápida evolución?