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Los demandantes son un partido político que se presentó a las elecciones generales de 2014 y contaba con catorce candidatos en su lista electoral. La solicitud se refiere a la exclusión del partido solicitante de la lista de participantes tres días antes de las elecciones, debido a que, en contra de lo dispuesto en la ley electoral, había utilizado fondos no declarados, incluido dinero del extranjero.

Los demanantes alegan que no habían recibido la cantidad solicitada como compensación por la propiedad expropiada.

La demandante alega que las autoridades no habían protegido su vida y su derecho a la vida privada en virtud de los artículos 2, 3, 8, 13 y 14 de la Convención. Se queja además de que las autoridades no habían llevado a cabo una investigación rápida y eficaz que permitiera identificar, procesar y castigar al agresor.

El caso se refiere a la anulación de un contrato por el que el demandante había comprado un edificio a las autoridades locales supuestamente fuera del plazo de prescripción, por motivos no imputables al demandante y sin el pago de ninguna indemnización por la renovación de ese edificio.

El caso se refiere a una orden de demolición contra la casa del demandante por haber sido construida ilegalmente en un terreno forestal.

El demandante se queja de que la sentencia sobre blanqueo de capitales dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no fue revisada por una jurisdicción superior.