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El caso se refiere a la conclusión de un miembro del parlamento responsable de difamación en relación con un discurso que hizo en un mitin político.

La solicitud se refiere a una supuesta violación del derecho del demandante al respeto de su vida familiar, en la medida en que una decisión judicial desestimó su solicitud de devolución de su hijo pequeño a Italia, donde reside el demandante y donde vivían él y su esposa cuando nació el niño en marzo de 2017. El Tribunal de Apelación de Bucarest se negó a ordenar la devolución alegando que no se podía considerar que la niña tuviera su residencia habitual en ese país.

El caso se refiere a una detención policial llevada a cabo de tal manera que resultó en el presunto maltrato del solicitante.

La solicitud se refiere a una presunta violación del derecho de la demandante al respeto de su vida familiar, en la medida en que una decisión judicial ordenó el regreso de sus hijos a Francia, donde vivían antes de trasladarse a Rumania y donde su padre aún vivía.

El caso se refiere a la indemnización debida en relación con una expropiación, respecto de la cual los demandantes afirmaron haber sido discriminados, así como a la supuesta parcialidad del Tribunal Constitucional.

El caso se refiere a unas ordenanzas municipales que clasificaron como «vías públicas» los caminos que atraviesan las parcelas del solicitante. El demandante presentó una reclamación en virtud del párrafo 1 del artículo 6 de la Convención en lo que respecta al derecho de acceso al Tribunal Constitucional para impugnar las ordenanzas y en virtud del artículo 1 del Protocolo Nº 1 en lo que respecta a la propiedad de las parcelas en litigio.

Los demandantes alegan que la restricción de sus derechos a influir en el funcionamiento de los bancos en los que tenían acciones, derivada de la Ley de integración de 2013, había violado sus derechos con arreglo al artículo 1 del Protocolo Nº 1 del Convenio.

La solicitud se refiere a una disputa postelectoral, en concreto al procedimiento de examen de una reclamación del solicitante, que había exigido un recuento de varias papeletas de votación debido a supuestas irregularidades en el proceso electoral. El demandante alega falta de salvaguardias contra la arbitrariedad y ausencia de un recurso ante una autoridad independiente e imparcial.

Los demandantes alegan la violación de sus derechos en virtud de los artículos 3 y 5, el párrafo 2 del artículo 6, los artículos 8, 11, 13 y 18 del Convenio y el artículo 1 del Protocolo Nº 1 y el artículo 2 del Protocolo Nº 4 del Convenio. En particular, alegan que su detención y prisión preventiva no se habían basado en una sospecha razonable y se habían llevado a cabo con fines distintos de los prescritos en el Convenio.