Fondo Digital CDE

Update no. 224 on the situation of Covid-19 with 6.013.001 cases in Europe, 848.324 cases diagnosed in Spain through a PCR test and 32.688 deaths.

En España, hasta el momento se han notificado un total de 848.324 casos confirmados de COVID-19 por PCR y 32.688 fallecidos.

El demandante se quejó, en particular, de su falta de acceso a un tribunal y de la vulneración de su derecho al disfrute pacífico de las posesiones. Se basó en el párrafo 1 del artículo 6 de la Convención y en el artículo 1 del Protocolo Nº 1.

El demandante, un columnista, fue condenado por difamación por haber criticado a un periodista en un artículo de opinión. Se queja de que la condena, que incluía la imposición de una multa y una pena de prisión en caso de que no cumpliera con el pago, violaba su libertad de expresión protegida por el artículo 10 de la Convención.

El caso se refiere al derecho del niño a ser escuchado en los procedimientos de custodia, así como a la necesidad de nombrar un tutor especial ad litem para proteger los intereses del niño. El demandante se basó en el artículo 8 de la Convención.

El caso se refiere a las alegaciones del demandante de que fue castigado dos veces por el mismo delito, en violación del artículo 4 del Protocolo Nº 7 de la Convención. El demandante fue multado primero en un procedimiento de infracción menor por exceso de velocidad, por conducir un vehículo defectuoso y por no permanecer en el lugar del accidente. En un procedimiento penal posterior, el demandante fue condenado a una pena de prisión por haber causado un accidente de tráfico en el que murió otra persona.

El demandante se quejó, en virtud del artículo 6 de la Convención, de que el grupo del Tribunal Supremo, que había confirmado su condena y su pena de cadena perpetua el 10 de febrero de 2011, no había sido imparcial, dado que dos de sus tres miembros, incluido el juez que presidía el grupo, habían examinado anteriormente su causa penal en la misma calidad y habían expresado su opinión sobre la condena del demandante.

La solicitud se refiere a los malos tratos presuntamente discriminatorios de los solicitantes por parte de la policía (a causa de su orientación sexual e identidad de género real y/o percibida) y a la supuesta ausencia de una investigación nacional efectiva capaz, entre otras cosas, de desenmascarar el papel que desempeñaron los motivos homofóbicos y/o transfóbicos en los malos tratos. Los demandantes se basan en los artículos 3, 8 y 14 del Convenio y en el artículo 1 del Protocolo nº 12.

El caso se refiere al supuesto incumplimiento de un breve período de detención del solicitante para cumplir con el requisito de legalidad del párrafo 1 del artículo 5 de la Convención, el hecho de que los tribunales nacionales no hayan dado razones pertinentes y suficientes para su detención, como se exige en el párrafo 3 del artículo 5 de la Convención, la negativa a examinar su recurso contra la detención en violación de las garantías del párrafo 4 del artículo 5 de la Convención, la supuesta injusticia del juicio del demandante y la violación de su derecho a convocar testigos, garantizado por los párrafos 1 y 3 d) del artículo 6 de la Convención, y la alegación de que el enjuiciamiento y la condena del demandante violaron los requisitos de los artículos 10, 11 y 14 de la Convención.

El caso se refiere a la detención del demandante, en particular a si fue legal y se basó en una sospecha razonable, como se exige en el artículo 5 de la Convención, el supuesto incumplimiento por parte de los tribunales nacionales de las razones pertinentes y suficientes para su detención, como se exige en el artículo 5 de la Convención, la supuesta falta de imparcialidad del tribunal, en contravención del artículo 6 de la Convención, y la alegación de que el enjuiciamiento y la condena del demandante infringieron los requisitos de los artículos 10, 11 y 14 de la Convención.