Las personas con discapacidad se enfrentan a muchos obstáculos y les resulta más difícil mantener la distancia social y física, por lo que corren mayor riesgo de contraer la COVID-19 y de caer gravemente enfermas como consecuencia de ello. Sin embargo, en la UE no se las ha incluido explícitamente en los grupos de vacunación prioritarios.
Las estrategias nacionales de vacunación no contienen criterios claros para priorizar a las personas con discapacidad a la hora vacunarse contra la COVID-19, salvo si están institucionalizadas o corren un riesgo extremo de infección debido, por ejemplo, a un trasplante de órganos o de células madre.
De hecho, en muchos Estados miembros las personas pertenecientes a este colectivo no saben a ciencia cierta si la dolencia causante de su discapacidad les da derecho a recibir la vacuna antes que otras personas de su mismo grupo de edad.
La vaguedad de las normas nacionales que definen los grupos prioritarios no relacionados con la edad, junto con la grave escasez de vacunas en Europa y las reticencias a la vacunación, ha generado a menudo confusión y caos sobre el terreno y situado a muchas personas con discapacidad al final de las listas de espera para vacunarse.
España, Italia y Francia
La estrategia de vacunación española se ha modificado en cuatro ocasiones. En dicha estrategia se prioriza a las personas con discapacidad si viven en residencias o viviendas tuteladas, si son atendidas por asistentes o cuidadores y si reciben servicios en espacios compartidos como centros de día. Sin embargo, no prioriza explícitamente a las personas con discapacidad física o intelectual a pesar de que tienen más riesgo de sufrir un cuadro grave.
Ante la falta de criterios comunes, las comunidades autónomas españolas han dictado normas diferentes sobre las enfermedades que implican prioridad en la vacunación.
Estas diferencias regionales también son pronunciadas en Italia, donde a personas con una misma enfermedad se las vacuna en una región pero no en otra, como señaló el Sr. Barbieri.
Destacó que inicialmente no se priorizó a las personas con discapacidad, aunque las autoridades intentaron rectificarlo a principios de enero como consecuencia de la presión de las asociaciones del sector y de un artículo periodístico en el que se resaltaba que el plan de vacunación se había olvidado
de las personas con discapacidad y de sus familias.
Tras un cambio de Gobierno, y mientras empezaban a escasear las vacunas, se elaboró un nuevo plan de vacunación que establecía diferentes categorías para poder vacunarse. Según el Sr. Barbieri, esto llevó a menudo a desigualdades absurdas y a una confusión y un caos totales.
Por ejemplo, en Lombardía se empezará a vacunar a las personas con discapacidad el 15 de abril, mientras que el debilitamiento del sistema sanitario de Calabria hará que en esa región no comiencen a citar a este colectivo hasta mayo.
Albert Prevos, del Consejo Francés de Personas con Discapacidad para Asuntos Europeos (CFHE), subrayó que las personas con discapacidad que no viven en residencias también son vulnerables y deben ser vacunadas de forma prioritaria, algo que no ha ocurrido en Francia: Las personas que viven solas no deben ser víctimas de la escasez de vacunas, pero a menudo se las olvida
.
Países Bálticos y Escandinavos
En Lituania, tras una campaña activa de las organizaciones en favor de las personas con discapacidad, el Gobierno acordó incluir en los grupos prioritarios a los progenitores que cuidan de hijos con discapacidad, así como a otros cuidadores. Inicialmente no estaban incluidos, como explicó la miembro lituana del CESE Dovile Juodkaite, que habló sobre la situación en su país y en otros países bálticos.
A diferencia de otros países escandinavos que incluyen la discapacidad como factor de riesgo de sufrir casos graves de COVID, en Dinamarca las prioridades se basan actualmente sobre todo en la edad. Esto ha dado lugar a una confusión considerable, con definiciones poco claras de las personas que forman parte de los grupos prioritarios. Esto ha provocado confusión en el personal médico, los hospitales y la población general en cuanto al orden de vacunación, según relató Sif Holst, miembro danesa del CESE.
En Dinamarca, la comunicación del programa de vacunación ha sido deficiente. No se informa a nadie de la categoría a la que pertenece ni se le comunica la fecha probable de vacunación
, afirmó la Sra. Holst.
A las personas no incluidas en un grupo prioritario se las vacunará por estrictos criterios de edad. Esto puede hacer que una persona de treinta años con síndrome de Down o esclerosis múltiple tenga que esperar tanto como una persona de su misma edad sin discapacidad.
Rumanía y Grecia
El miembro del CESE Tudorel Tupilusi, que dirige la Asociación de Personas Ciegas de Rumanía, explicó que las organizaciones rumanas que trabajan en el ámbito de la discapacidad habían logrado convencer al Gobierno para priorizar a las personas con discapacidad no institucionalizadas vacunándolas en la segunda fase junto con las personas mayores de 65 años.
Sin embargo, al principio hubo algunos tropiezos
, ya que inicialmente las personas con discapacidad solo podían obtener una cita para vacunarse a través de las autoridades locales. Esto habría retrasado todo el proceso, pero el sistema se modificó tras la intervención de asociaciones defensoras de las personas con discapacidad. Como consecuencia de diversos problemas, el número de personas con discapacidad vacunadas hasta marzo en Rumanía seguía siendo bajo, y únicamente 3 000 habían recibido ambas dosis.
En Grecia, las organizaciones en pro de las personas con discapacidad empezaron a hacer campaña desde antes del inicio de la vacunación en diciembre para que se diera prioridad a este colectivo, como explicó el miembro del CESE Ioannis Vardakastanis.
Estas organizaciones desempeñaron una función tanto estratégica como operativa: desarrollaron una estrecha cooperación con las autoridades y lograron que se priorizase a numerosos colectivos con discapacidad. Ahora están intentando conseguir que se vacune a las personas ciegas o con discapacidad visual y personas tetrapléjicas menores de 60 años.
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