Cultura y Educación

El presente asunto, interpuesto con arreglo al artículo 1 del Protocolo nº 1, se refiere a la denuncia de la sociedad demandante de que la Administración tributaria le impuso sanciones desproporcionadas en relación con el acto cometido (a saber, la venta de mercancías por valor de 179 lei rumanos (RON) sin expedir recibos), interfiriendo así en su derecho al disfrute pacífico de las posesiones.

El presente recurso se refiere a una acción de protesta intentada por los demandantes -treinta activistas de Greenpeace, entre ellos dos periodistas independientes- en la plataforma de perforación petrolífera en alta mar Prirazlomnaya, situada en el mar de Pechora dentro de la zona económica exclusiva («ZEE») de la Federación de Rusia, y a su posterior detención y encarcelamiento.

El asunto se refiere principalmente a dos cuestiones relacionadas con el artículo 10 del Convenio. La primera es si la destitución de un Vicepresidente del Parlamento búlgaro a causa de unas declaraciones públicas suyas puede considerarse una «injerencia» en su derecho a la libertad de expresión en el sentido del artículo 10 § 1, en particular habida cuenta de la naturaleza de dicho cargo. La segunda cuestión es si puede considerarse que dicha destitución, que se basó principalmente en una declaración en la que justificaba «el Tribunal del Pueblo» – un tribunal penal extraordinario que funcionó durante el primer año de la toma del poder por los comunistas en Bulgaria en 1944-48 – cumple los requisitos del artículo 10 § 2 y, en particular, que era «necesaria en una sociedad democrática».