Cultura y Educación

El asunto se refiere a la decisión del Gobierno sueco de extraditar al demandante a los Estados Unidos de América («EE.UU.»). El demandante se quejaba, en particular, de que su extradición violaría el artículo 3 del Convenio porque, de ser declarado culpable de los cargos que se le imputaban, correría el riesgo de ser condenado a una pena irremisible de cadena perpetua sin libertad condicional o a una pena mínima de prisión de sesenta y un años, lo que equivaldría a una pena irremisible de facto de cadena perpetua sin libertad condicional. También alegó que dicha condena sería manifiestamente desproporcionada.

La demanda se refiere a las quejas formuladas en virtud del artículo 6, apartados 1 y 3, letras c) y d), del Convenio en relación con la supuesta injusticia del proceso penal seguido contra la demandante debido a la participación en la fase de instrucción de un abogado de oficio designado sin su conocimiento, y habida cuenta de que no se le dio la oportunidad de interrogar a los testigos de cargo.

El caso se refiere a la inclusión de la demandante en la lista de personas buscadas en ausencia de salvaguardias contra los abusos. La demandante denuncia una violación de sus derechos en virtud de los artículos 8 y 13 del Convenio.