Agricultura y Pesca

El asunto se refiere al alojamiento de la demandante, una migrante menor no acompañada que alegó haber sido víctima de abusos sexuales, en el centro de acogida de adultos Osvaldo Cappelletti de Como durante casi ocho meses, y a la supuesta falta de aplicación en su caso de las garantías procesales establecidas para los migrantes menores. La demandante invocó los artículos 3, 8 y 13 del Convenio.

El presente asunto se refiere al derecho de voto de los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina que no declaran su afiliación a ningún «pueblo constituyente» en las elecciones legislativas y presidenciales a nivel estatal. Plantea cuestiones en virtud del artículo 14 del Convenio, del artículo 3 del Protocolo nº 1 y del artículo 1 del Protocolo nº 12. El demandante también invocó los artículos 13 y 17 del Convenio.

El caso se refiere a un ataque violento a los demandantes por parte de cosacos durante una actuación artística de los demandantes en Sochi el 19 de febrero de 2014.

El asunto tiene su origen en tres demandas (nos. 1828/06, 34163/07 y 19029/11) presentadas contra la República Italiana ante el Tribunal, en virtud del artículo 34 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales («el Convenio»), por cuatro sociedades italianas y un nacional italiano, G.I.E.M. S.r.l., Hotel Promotion Bureau S.r.l. (sociedad en administración), R.I.T.A. Sarda S.r.l. (sociedad en administración), Falgest S.r.l. y el Sr. Filippo Gironda («demandantes»), el 21 de diciembre de 2005, el 2 de agosto de 2007 y el 23 de diciembre de 2011, respectivamente.

El asunto se refiere a la decisión del Gobierno sueco de extraditar al demandante a los Estados Unidos de América («EE.UU.»). El demandante se quejaba, en particular, de que su extradición violaría el artículo 3 del Convenio porque, de ser declarado culpable de los cargos que se le imputaban, correría el riesgo de ser condenado a una pena irremisible de cadena perpetua sin libertad condicional o a una pena mínima de prisión de sesenta y un años, lo que equivaldría a una pena irremisible de facto de cadena perpetua sin libertad condicional. También alegó que dicha condena sería manifiestamente desproporcionada.

El presente asunto se refiere a una sentencia civil contra el demandante, editor del diario belga Le Soir, por la que se le ordenaba anonimizar, en virtud del «derecho al olvido», la versión electrónica en línea de un artículo de los archivos en el que se mencionaba el nombre completo de G., conductor responsable de un accidente de tráfico mortal ocurrido en 1994. En su demanda, el demandante invocaba el artículo 10 del Convenio.