Mercado en la Unión Europea

El desmantelamiento de la infraestructura de petróleo y gas en alta mar es el proceso de resellado permanente de los pozos, de manera que los hidrocarburos restantes no puedan filtrarse al mar ni desplazarse entre los distintos estratos rocosos, y la retirada de la infraestructura de petróleo y gas en alta mar del medio marino con el objetivo de dejar un lecho marino limpio cuando sea técnicamente posible, ambientalmente beneficioso y con el mínimo riesgo para la seguridad del personal que participe en la operación de desmantelamiento. Aparte del control medioambiental a largo plazo, el desmantelamiento es la última etapa del ciclo de vida de una instalación de producción de petróleo y gas. La Directiva de seguridad en alta mar (2013/30/UE) establece un marco jurídico para el desmantelamiento seguro de las instalaciones en alta mar en lo que respecta a los riesgos (de seguridad) importantes y al impacto medioambiental que puede seguir a dicho evento de riesgo importante, así como el requisito de sellado permanente de los pozos de la instalación y del medio ambiente, pero no aborda explícitamente los objetivos generales del desmantelamiento ni los efectos medioambientales restantes a largo plazo si no se retira toda la infraestructura.

El objetivo principal de este estudio es ofrecer una visión general de los análisis, hipótesis y planes nacionales y regionales existentes a largo plazo sobre las energías renovables en alta mar y las redes en los países de la Cooperación Energética del Mar del Norte (NSEC). El estudio pretende identificar las bases comunes y los aspectos divergentes de las vías de transición y sus supuestos subyacentes, a la vez que ofrece un debate cualitativo sobre el modo en que pueden diferir las metodologías de construcción de escenarios y de planificación.

El gasto de las autoridades públicas en la compra de bienes, servicios y obras (excluyendo los servicios públicos y la defensa) constituye aproximadamente el 14% del Producto Interior Bruto (PIB) global en Europa, lo que supone unos 1,8 billones de euros anuales. Por lo tanto, la contratación pública tiene el potencial de proporcionar un importante efecto de palanca para tratar de influir en el mercado y lograr mejoras medioambientales en el sector público. Este efecto puede ser especialmente significativo en el caso de los bienes, servicios y obras (denominados colectivamente productos) que representan una elevada proporción de las compras públicas, junto con el considerable potencial de mejora del rendimiento medioambiental. La Comisión Europea ha identificado el transporte (por carretera) como uno de estos grupos de productos. El transporte por carretera abarca un amplio abanico de vehículos (automóviles, vehículos industriales ligeros, vehículos de categoría L, autobuses y vehículos de recogida de residuos) y servicios (servicios de movilidad, servicios públicos de autobuses, servicios de recogida de residuos y servicios postales y de mensajería).

El estudio que dio lugar a este informe fue encargado por el Centro Común de Investigación (CCI) de la Comisión Europea, Unidad F3, Seguridad Química y Métodos Alternativos en 2019. El objetivo del estudio se centró inicialmente en aprender más sobre la adopción del Marco de la Senda de Resultados Adversos (AOP) en los entornos en los que se toman las decisiones sobre seguridad química y toxicidad, y en los que se forman las políticas. Por este motivo, el estudio se centró en las partes interesadas de la industria y de las agencias reguladoras, que trabajan en la toxicología reglamentaria, la evaluación de riesgos o la gestión de riesgos. Las preguntas a las que se nos encomendó la tarea de encontrar respuestas estaban relacionadas con el grado de asimilación del marco, lo que lo facilitaba y lo que, en cambio, lo ponía en entredicho. Las principales partes del estudio se llevaron a cabo durante 2019 y se redactaron en 2019 y 2020.

Este informe es la culminación del estudio sobre el marco AOP (Adverse Outcome Pathway) (Carusi et al, 2021), cuyo objetivo era conocer las percepciones de las partes interesadas sobre: i) los principales retos a los que se enfrenta la regulación de las sustancias químicas, ii) los enfoques alternativos para realizar estudios toxicológicos, y iii) el papel y el valor añadido del marco AOP. El estudio se centró en las principales partes interesadas que participan directamente en la toma de decisiones en contextos normativos o industriales: toxicólogos reguladores, evaluadores de riesgos y gestores de riesgos. El estudio puso de manifiesto que estas partes interesadas están profundamente divididas en cuanto a los mejores métodos para obtener datos y pruebas adecuados para fundamentar las decisiones sobre determinadas sustancias, y sobre la política en general.

La exploración del horizonte (HS) es una perspectiva sistemática para detectar señales tempranas de desarrollos potencialmente importantes. La unidad JRC.I.2 introdujo la metodología en 2016 y, en colaboración con las unidades de gestión del conocimiento del JRC asociadas, la probó para un proceso de exploración del horizonte a nivel del JRC. El CCI.G.9 se benefició de este apoyo y siguió la metodología en los años siguientes. A lo largo de 2021, el CCI ha recogido una serie de ideas relacionadas con la tecnología nuclear, que más tarde se filtraron previamente y finalmente se agruparon en el llamado «taller de creación de sentido». Este informe presenta el resultado de este ejercicio anual.