Mercado en la Unión Europea

El asunto se refiere a la supuesta injerencia en los derechos del demandante en virtud del artículo 1 del Protocolo nº 1 del Convenio como consecuencia de la suspensión temporal de sus actividades de agente judicial (en relación con una investigación penal iniciada en su contra) y de las decisiones judiciales por las que se rechazó la consiguiente solicitud de indemnización del demandante.

El presente recurso se refiere a los malos tratos y la muerte del hijo de los demandantes, el soldado Ye.F., durante su servicio militar obligatorio, y a la investigación posterior.

Los demandantes son los familiares de una mujer asesinada por su marido, que la había estado acosando durante varios meses. Las principales cuestiones del caso son (a) si las autoridades tenían el deber de tomar medidas operativas razonables para proteger la vida de la mujer y, en caso afirmativo, si cumplieron con ese deber (cuestiones relacionadas con el artículo 2 del Convenio), y (b) si el supuesto incumplimiento de ese deber por parte de las autoridades fue resultado de su complacencia general hacia la violencia contra las mujeres y, por tanto, discriminatorio (cuestión relacionada con el artículo 14 del Convenio, leído conjuntamente con el artículo 2).

La demanda se refiere a la supuesta omisión por parte de las autoridades nacionales de proteger la vida del hijo del demandante durante su servicio militar y de llevar a cabo una investigación efectiva sobre su muerte.

El presente caso se refiere a las obligaciones positivas de las autoridades en virtud del artículo 3 en relación con el tratamiento médico de una persona con una enfermedad grave en su fase terminal, así como a la compatibilidad de dicha condición con la continuación de la detención. También se refiere, en virtud del artículo 5 § 3, a la supuesta insuficiencia de las razones dadas para la detención del demandante en espera de juicio.

El caso se refiere a las decisiones de las autoridades lituanas de rechazar las solicitudes de asilo presentadas por los demandantes y de expulsarlos a Tayikistán. Los demandantes se quejaron de que su expulsión les pondría en riesgo de sufrir malos tratos debido a la pertenencia del primer demandante a un partido político de la oposición prohibido.