Mercado en la Unión Europea

El asunto se refiere, en virtud del artículo 2 del Protocolo nº 7 del Convenio, a la negativa de los tribunales nacionales a aceptar y examinar el escrito de recurso del demandante.

La demanda se refiere a la objeción de la demandante, por motivos religiosos, al examen post-mortem de su hijo nacido prematuramente y posteriormente fallecido, que, según ella, había violado sus derechos en virtud de los artículos 8 y 9 del Convenio. Además, en virtud del artículo 8 del Convenio, se quejó de no haber sido informada del alcance de la autopsia ni de la extracción de los órganos de su hijo para su conservación. Además, se quejaba en virtud del artículo 13, leído conjuntamente con los artículos 8 y 9, de que no había dispuesto de ningún recurso legal para impugnar ex ante la realización de la autopsia.

El Media Pluralism Monitor (MPM) es una herramienta de investigación diseñada para identificar los riesgos potenciales para el pluralismo de los medios de comunicación en los Estados miembros de la Unión Europea y en los países candidatos. Este informe narrativo se ha elaborado sobre la base de la aplicación del MPM realizada en 2020.

Las tres demandas tienen su origen en diversos hechos relacionados con una operación de vigilancia llevada a cabo en 2005 y 2006 por el Servicio de Inteligencia Eslovaco («el SIS»). En 2011 se conoció públicamente la existencia de dicha operación, con referencia al nombre en clave «Gorila». Desde entonces, la operación y los asuntos supuestamente revelados por ella han dado lugar a una serie de investigaciones, han generado una gran cantidad de litigios, han recibido una importante cobertura mediática y han tenido múltiples implicaciones políticas.

El Media Pluralism Monitor (MPM) es una herramienta de investigación diseñada para identificar los riesgos potenciales para el pluralismo de los medios de comunicación en los Estados miembros de la Unión Europea y en los países candidatos. Este informe narrativo se ha elaborado sobre la base de la aplicación del MPM realizada en 2020.

El caso se refiere a la negativa del demandante a realizar el servicio militar por razones de conciencia y a su condena por evasión del servicio militar obligatorio, y plantea cuestiones relacionadas con el artículo 9 del Convenio.