El pasado miércoles 22 y jueves 23 de marzo tuvo lugar una nueva reunión de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en la que se debatió sobre una serie de denuncias recibidas, entre las que están tres peticiones españolas sobre migración, presunta vulneración de derechos fundamentales en la educación y la compensación por insularidad.
La primera petición en el orden del día fue la presentada en nombre de la ‘Asociación Multicultural de Mazagón y de Almería Acoge’, en la que se asegura que se estarían dando condiciones deplorables en los asentamientos precarios existentes en varios municipios de Huelva y Almería para trabajadores migrantes. El peticionario afirma que estas personas estarían residiendo en zonas rurales mal comunicadas sin infraestructuras ni servicios básicos mínimos, y que no estarían recibiendo apoyo ni asesoramiento jurídico, como con la adquisición del certificado de empadronamiento que les daría acceso a los servicios públicos básicos y que posibilitaría la obtención de un permiso de trabajo.
La segunda petición, presentada por un profesor universitario catalán, miembro del colectivo ‘Universitaris per la Convivència’, asegura que se estaría dando una situación de vulneración de principios fundamentales básicos y limitación de los derechos fundamentales en las universidades públicas de Cataluña, debido a la violencia que se estaría ejerciendo contra los estudiantes que manifiestan su oposición a las propuestas nacionalistas en los campus universitarios. El peticionario considera que tanto las autoridades académicas como la policía habrían permitido en repetidas ocasiones ataques y boicots a estudiantes que discrepan con el nacionalismo, ya que ambas instituciones habrían adoptado una posición partidista a favor del nacionalismo, lo cual contraviene la obligación de neutralidad política de las administraciones.
La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo analiza denuncias en España: Madrid, Cataluña y Elche
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La tercera petición, presentada en nombre de la asociación ‘Insularidad Digna’, considera que el complemento de indemnización por residencia que se da a los residentes de las Islas Baleares no sería suficiente para compensar por el conjunto de desventajas que les afectan en ámbitos como transporte, comunicaciones, sanidad, educación o coste de vida y de la vivienda. Según el peticionario, esto se traduciría en un déficit de personal de un 23 % aproximadamente, en comparación con otras Comunidades Autónomas, lo que generaría una infradotación de empleados públicos, mayor carga de trabajo y con consecuencias para la ciudadanía en cuanto a la atención y celeridad en la resolución de los expedientes.
Fuente: Parlamento Europeo – Oficina en España
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