La Comisión Europea propone una reforma completa de las normas de gobernanza económica de la UE

La Comisión ha presentado propuestas legislativas para aplicar la reforma más completa de las normas de gobernanza económica de la UE desde el período que siguió a la crisis económica y financiera.

El objetivo central de estas propuestas es reforzar la sostenibilidad de la deuda pública y fomentar un crecimiento sostenible e inclusivo en todos los Estados miembros mediante reformas e inversiones.

Las propuestas inciden en las deficiencias de la normativa actual. Tienen en cuenta la necesidad de reducir los niveles de deuda pública muy elevados, se basan en las enseñanzas extraídas de la respuesta política de la UE a la crisis de la COVID-19 y preparan a la UE para los retos futuros, apoyando los avances hacia una economía verde, digital, inclusiva y resiliente y haciendo que la UE sea más competitiva.

Las nuevas normas facilitarán las reformas e inversiones necesarias y contribuirán a reducir las elevadas ratios de deuda pública de manera realista, gradual y sostenida, en consonancia con el discurso sobre el estado de la Unión de 2022 de la presidenta Von der Leyen. La reforma simplificará la gobernanza económica, mejorará la responsabilización nacional, hará mayor hincapié en el medio plazo y reforzará el cumplimiento, dentro de un marco común de la UE transparente.

Las propuestas son el resultado de un largo período de reflexión y de un amplio proceso de consulta.

Mayor responsabilización nacional con planes globales a medio plazo, basados en normas comunes de la UE

Los planes nacionales de política fiscal de carácter estructural a medio plazo son el elemento central de las propuestas de la Comisión.

Los Estados miembros formularán y presentarán planes que establezcan sus objetivos de política fiscal, medidas para subsanar los desequilibrios macroeconómicos y reformas e inversiones prioritarias durante un período mínimo de cuatro años. Estos planes los evaluará la Comisión y los aprobará el Consejo sobre la base de criterios comunes de la UE.

La integración de los objetivos de política fiscal, de reforma y de inversión en un único plan a medio plazo contribuirá a crear un proceso coherente y racionalizado. Reforzará la responsabilización nacional al ofrecer a los Estados miembros un mayor margen de maniobra para establecer sus propias sendas de ajuste fiscal y sus compromisos de reforma e inversión. Los Estados miembros presentarán informes anuales de situación para facilitar un seguimiento y un control más eficaces del cumplimiento de esos compromisos.

El nuevo proceso de supervisión fiscal se integrará en el Semestre Europeo, que seguirá siendo el marco central de coordinación de las políticas económicas y de empleo.

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Normas más sencillas que tengan en cuenta los diferentes retos en materia de política fiscal  

La situación y las dificultades en materia de política fiscal y las perspectivas económicas varían considerablemente entre los veintisiete miembros de la UE, razón por la cual no funciona un planteamiento único para todos. Las propuestas pretenden avanzar hacia un marco de supervisión más basado en el riesgo que dé preeminencia a la sostenibilidad de la deuda pública, fomentando al mismo tiempo un crecimiento sostenible e inclusivo. Este planteamiento se ajustará a un marco común de la UE transparente.

Los planes de los Estados miembros establecerán sus sendas de ajuste fiscal, que se formularán en términos de objetivos de gasto plurianuales como único indicador operativo para la supervisión fiscal, de manera que se simplificarán las normas en materia fiscal.

Si un Estado miembro tiene un déficit público superior al 3 % del PIB o una deuda pública superior al 60 % del PIB, la Comisión formulará una «trayectoria técnica» específica para ese país. Esta trayectoria tratará de garantizar que la deuda se sitúe en una senda a la baja verosímil o se mantenga en niveles prudentes, y que el déficit se mantenga o se reduzca y se mantenga por debajo del 3 % del PIB a medio plazo.

En el caso de los Estados miembros con un déficit público inferior al 3 % del PIB y una deuda pública inferior al 60 % del PIB, la Comisión les facilitará información técnica para velar por que el déficit público se mantenga por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB también a medio plazo.

Estas trayectorias e información de carácter técnico orientarán a los Estados miembros a la hora de establecer los objetivos de gasto plurianuales que incluirán en sus planes.

Se aplicarán salvaguardias comunes para garantizar la sostenibilidad de la deuda. Los valores de referencia del 3 % y del 60 % del PIB para el déficit y la deuda se mantendrán sin cambios. La proporción entre la deuda pública y el PIB deberá ser menor al final del período cubierto por el plan que al inicio de dicho período, y deberá llevarse a cabo un ajuste fiscal mínimo del 0,5 % del PIB anual como valor de referencia siempre que el déficit se mantenga por encima del 3 % del PIB. Además, los Estados miembros que se acojan a un período de ajuste fiscal ampliado deberán velar por que el esfuerzo fiscal no se aplace a los últimos años del programa.

Las cláusulas de salvaguardia generales y específicas por país permitirán desviaciones de los objetivos de gasto en caso de grave recesión económica en la UE o en la zona del euro en su conjunto o de circunstancias excepcionales que escapen al control del Estado miembro y tengan grandes repercusiones en las finanzas públicas. El Consejo, previa recomendación de la Comisión, decidirá sobre la activación y desactivación de esas cláusulas.

Se facilitan las reformas e inversiones en pro de las prioridades de la UE

Tanto las reformas como las inversiones son esenciales. Las transiciones ecológica y digital, el fortalecimiento de la resiliencia económica y social y la necesidad de reforzar las capacidades de Europa en materia de seguridad exigirán inversiones públicas cuantiosas y sostenidas durante los próximos años. Para que los planes de reducción de la deuda sean creíbles, siguen siendo esenciales unas reformas que fomenten un crecimiento sostenible e inclusivo. La interrelación positiva entre las reformas y la inversión ya está demostrando sus ventajas en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de NextGenerationEU.

Por lo tanto, las propuestas tienen por objeto facilitar a los Estados miembros la ejecución de importantes reformas e inversiones, y alentarlos a que las lleven a cabo. Los Estados miembros se podrán acoger a una senda de ajuste fiscal más gradual si se comprometen en sus planes a llevar a cabo una serie de reformas e inversiones que cumplan criterios específicos y transparentes.

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Medios para un control de cumplimiento eficaz

Hay que velar por que las normas se cumplan. Aunque las propuestas confieren a los Estados miembros un mayor control sobre la formulación de sus planes a medio plazo, también establecen un régimen de control más estricto para velar por que cumplan los compromisos que asuman en sus planes de política fiscal de carácter estructural a medio plazo.

En el caso de los Estados miembros que atraviesen por graves dificultades en materia de deuda pública, las desviaciones de la senda de ajuste fiscal acordada se traducirán, por defecto, en la apertura de un procedimiento de déficit excesivo.

El incumplimiento de los compromisos de reforma e inversión que justifiquen una ampliación del período de ajuste fiscal podría dar lugar a una reducción del período de ajuste.

Más información: Comisión Europea