Derecho

El caso se refiere al internamiento psiquiátrico obligatorio del demandante a raíz de su condena penal por comportamiento intrusivo y proferir amenazas, que se determinó que había cometido cuando carecía de capacidad mental. El demandante se queja de que la prolongación de su internamiento psiquiátrico obligatorio fue ilegal, ya que no se obtuvo un nuevo dictamen pericial sobre su caso. También se queja de que no se le notificó la propuesta escrita y el dictamen motivado del hospital psiquiátrico antes de la vista de su caso.

El asunto tiene su origen en una demanda (nº 28470/12) contra la República de Moldavia presentada ante el Tribunal en virtud del artículo 34 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales («el Convenio») por una sociedad constituida en Moldavia, ÎM «Noile Idei Televizate» S.R.L. – NIT S.R.L. («la sociedad demandante»), el 11 de mayo de 2012.

Estos dos recursos surgen de demandas laborales presentadas ante los tribunales ingleses por los demandantes contra sus antiguos empleadores. En cada caso, el empleador – la República de Sudán y el Estado de Libia, respectivamente – afirmó con éxito que tenía derecho a la inmunidad de la jurisdicción de los tribunales ingleses en virtud de la Ley de Inmunidad del Estado de 1978 («la Ley de 1978» – véase el párrafo 35 más abajo). La Ley de 1978 otorga a un Estado extranjero inmunidad de la jurisdicción de un tribunal del Reino Unido en una reclamación basada en el empleo del demandante por parte del Estado extranjero, cuando el demandante, en el momento del contrato, no era nacional del Reino Unido ni tenía residencia habitual en el Reino Unido (artículo 4(2)(b) de la Ley de 1978); o trabajaba para la misión diplomática del Estado extranjero (artículo 16(1)(a) de la Ley de 1978).

El caso se refiere a la muerte del hijo del demandante, supuestamente por suicidio, durante su servicio militar obligatorio y plantea cuestiones relacionadas con los artículos 2 y 13 del Convenio.

La demanda se refiere, en particular, a la queja del demandante de que su propiedad fue embargada durante un tiempo excesivo, lo que constituye una violación de su derecho al disfrute pacífico de sus posesiones en ausencia de un recurso interno efectivo. También se refiere a la supuesta duración excesiva de la investigación penal con respecto al demandante. El caso plantea cuestiones relacionadas con el artículo 6 § 1 del Convenio y con el artículo 1 del Protocolo nº 1.

El presente caso se refiere, entre otras cosas, al enjuiciamiento de los demandantes por infracciones administrativas por llamar a otros electores elegibles a no votar por un partido político específico o a abstenerse de votar en las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2011, 2012 y 2018.