La Comisión Europea publica el paquete de procedimientos de infracción para España del mes de julio

En su paquete habitual de decisiones sobre procedimientos de infracción, la Comisión Europea emprende acciones jurídicas contra diversos Estados miembros que no han cumplido las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la Unión. Estas decisiones, que abarcan distintos sectores y ámbitos de actuación de la Unión Europea, tienen por objeto velar por la correcta aplicación del Derecho de la Unión en beneficio de los ciudadanos y de las empresas.

A continuación, se presentan las principales decisiones adoptadas en materia de procedimientos de infracción por parte de la Comisión para España.

Servicios: la Comisión insta a ESPAÑA, CHIPRE y ESLOVENIA a abordar las restricciones en los sectores de la construcción y los servicios inmobiliarios

La Comisión Europea ha decidido incoar un procedimiento de infracción enviando una carta de emplazamiento a España [INFR(2023)4009] por no respetar las normas de la UE sobre servicios y cualificaciones profesionales en relación con el sector de la construcción. Afecta a las restricciones impuestas a las empresas que realizan instalaciones de gas, electricidad o aire acondicionado que desean subcontratar determinadas competencias. La Comisión también decidió enviar un dictamen motivado a Chipre [INFR(2022)2170] por transposición incorrecta de la Directiva de servicios debido a las restricciones que definen quién puede poseer acciones en empresas de intermediación inmobiliaria. Por último, la Comisión decidió enviar un dictamen motivado a Eslovenia [INFR(2022)4119] por no abordar las cuestiones relativas a las tarifas fijadas por ley para las agencias inmobiliarias, lo que también infringe las disposiciones de la Directiva de servicios y del Tratado. Las acciones de la Comisión se ajustan a las prioridades anunciadas en la Comunicación «El mercado único cumple treinta años» con objeto de seguir mejorando el funcionamiento del mercado único de la UE. En particular, se concede prioridad a que se hagan cumplir las normas vigentes del mercado único y a la eliminación de las barreras a nivel de los Estados miembros en los ecosistemas industriales con mayor potencial de integración económica, incluidos la construcción y los servicios a las empresas. España, Chipre y Eslovenia disponen ahora de dos meses para responder a los argumentos planteados por la Comisión; de lo contrario, la Comisión podría optar por enviar un dictamen motivado a España o llevar a Chipre y Eslovenia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La Comisión Europea publica el paquete de procedimientos de infracción para España del mes de junio

Fiscalidad: la Comisión insta a BÉLGICA, GRECIA, ESPAÑA, CHIPRE, POLONIA y PORTUGAL a completar la transposición al Derecho nacional de las normas de transparencia fiscal, y cierra el procedimiento de infracción contra ESLOVENIA por no transponer la misma Directiva

La Comisión Europea decidió enviar dictámenes motivados a Bélgica [INFR(2023)0003], Grecia [INFR(2023)0014], España [INFR(2023)0016], Chipre [INFR(2023)0006], Polonia [INFR(2023)0031] y Portugal [INFR(2023)0033] por no haber comunicado las medidas nacionales de aplicación de la Directiva (UE) 2021/514 del Consejo, de 22 de marzo de 2021 (DAC7), por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad. En virtud de la DCA7, las plataformas digitales, como los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles, que permiten a los contribuyentes vender bienes, ofrecer servicios personales en línea y fuera de línea, o alquilar bienes inmuebles o medios de transporte, deben informar de estos contribuyentes y de sus actividades económicas. Esta información ayudará a las autoridades tributarias a prevenir la evasión fiscal o las notificaciones incorrectas mediante el uso de plataformas digitales. La fecha límite para la comunicación de las medidas nacionales de transposición era el 31 de diciembre de 2022. Bélgica, Grecia, España, Chipre, Polonia y Portugal disponen de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias; En ausencia de una comunicación completa de todas las medidas de ejecución nacionales, la Comisión podría decidir remitir los asuntos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Más información: Comisión Europea