Derecho

El principio fundamental de las normas de la UE sobre coordinación de la seguridad social1 es que las personas sólo están sujetas a la legislación de un único Estado miembro. Si la persona trabaja, se aplica la legislación del Estado miembro donde se ejerce la actividad económica («lex loci laboris»). En algunas situaciones muy específicas, se aplican otros criterios. Tales situaciones incluyen, entre otras, 1) los trabajadores por cuenta ajena empleados por un empleador que ejerce normalmente sus actividades en un Estado miembro y que son desplazados por dicho empleador a otro Estado miembro para realizar un trabajo por cuenta del mismo (apartado 1 del artículo 12 del Reglamento de base), 2) las personas que ejercen normalmente una actividad por cuenta propia en un Estado miembro y que van a ejercer una actividad similar en otro Estado miembro (apartado 2 del artículo 12 del Reglamento de base); y 3) las personas que ejercen una actividad por cuenta ajena/propia en dos o más Estados miembros (artículo 13 del Reglamento de base).

En lo que respecta a la seguridad social transfronteriza en la UE, las prestaciones de maternidad y paternidad en metálico pueden exportarse a personas que residan o se encuentren en un Estado miembro distinto del Estado miembro competente. Este informe presenta datos sobre este tema para el año de referencia 2021. Aunque las prestaciones de maternidad y de paternidad asimiladas también pueden ser en especie, no se recogen datos sobre las prestaciones en especie. El informe se ha elaborado a partir de los datos presentados por los Estados miembros, aunque no siempre está claro si todas las prestaciones mencionadas en él entran en el ámbito de aplicación de las prestaciones de maternidad y de paternidad asimiladas.

Mediante su recurso de casación, American Airlines Inc. solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 16 de diciembre de 2020, American Airlines/Comisión (T‑430/18, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2020:603), mediante la que dicho Tribunal desestimó su recurso de anulación de la Decisión de la Comisión C(2018) 2788 final, de 30 de abril de 2018, por la que se conceden derechos de antigüedad a Delta Air Lines (asunto M.6607 — US Airways/American Airlines) (en lo sucesivo, « Decisión controvertida»).

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 49, 56 y 106 TFUE.

La petición se formuló en el marco de un procedimiento penal contra OL, titular de la sociedad OL, por infracción de la normativa italiana que regula la recogida de apuestas, por haber ejercido una actividad organizada de recogida de apuestas por cuenta de una casa de apuestas establecida en Austria sin ser titular de una concesión y de una licencia previstas por dicha normativa.

Aunque la integración europea es un factor clave del crecimiento, la paz, la protección del medio ambiente y la prosperidad social, sigue habiendo retos persistentes y se pueden prever posibles crisis. En el futuro, a Europa se le abren varias vías posibles. El Parlamento Europeo favorece la vía de una acción ambiciosa y colectiva de la Unión, en la que puedan alcanzarse importantes beneficios potenciales, no solo en el presente, sino también de cara a diversos escenarios futuros posibles. El presente documento es un extracto de un estudio que tiene por objeto ayudar al Parlamento Europeo a definir la agenda política y estimular el debate en torno a una vía sostenible de cara al futuro. En él se investigan los beneficios potenciales que podrían lograrse en cincuenta ámbitos de actuación, teniendo en cuenta el estado de la legislación de la Unión y su potencial inexplotado, y aplica un análisis cuantitativo adaptado a cada uno de los ámbitos de actuación. Si la Unión no emprende la vía de una acción ambiciosa y colectiva, los beneficios observados podrían no materializarse en su totalidad, lo que entrañaría un «coste de la no Europa». El estudio concluye que una mayor integración de la Unión podría generar más de 2,8 billones de euros anuales de aquí a 2032 y contribuir a alcanzar los objetivos de la Unión en los ámbitos de los derechos sociales, los derechos fundamentales y el medio ambiente. Los beneficios de una mayor integración de la Unión no sustituirían ni socavarían aquellos otros beneficios asociados a las medidas adoptadas en el plano nacional, regional o local, sino que los complementarían y reforzarían.

Cada vez más se considera que la formación del profesorado es de vital importancia de cara a la agenda de aprendizaje para la sostenibilidad. El impulso político, el apoyo y la financiación son esenciales para impulsar el aprendizaje profesional del profesorado en este ámbito. Para que sea eficaz, el desarrollo profesional del profesorado debe plantearse junto a otras reformas y políticas relacionadas con la sostenibilidad y la educación para el desarrollo sostenible, y no de forma aislada. A escala de la UE, es preciso contar con medidas de apoyo para acelerar el interés actual por el aprendizaje para la sostenibilidad, así como para detectar, compartir y ampliar las políticas nacionales o regionales ejemplares en materia de formación del profesorado. Para ayudar a que los países pasen de los compromisos a la acción («que prediquen con el ejemplo») es fundamental la financiación a escala nacional y de la UE. Aprovechar las oportunidades de financiación que puedan apoyar reformas a gran escala (por ejemplo, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Recuperación y Resiliencia) podría ser decisivo de cara al aprendizaje para la sostenibilidad. Para ello, la financiación existente en la UE debe tener una mayor visibilidad y debe intensificarse la cooperación intergubernamental e interministerial a escala nacional con vistas a que el aprendizaje para la sostenibilidad, en particular la formación del profesorado, reciba la atención que necesita tan urgentemente.